Este jueves, el Consejo de Estado declaró nula la elección de Antanas Mockus, el segundo congresista más votado en 2018, en el Senado. El alto tribunal consideró que los contratos firmados por Corpovisionarios a finales de 2017, la fundación creada por el también exalcalde de Bogotá a principios de los 2000 y de la que fungía como representante legal, lo inhabilitaban para ser candidato a senador.
Tres de los cuatro magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado consideraron que, en efecto, Mockus estaba inhabilitad por esos contratos. Sin embargo, la cuarta, la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, quien hoy ejerce como presidenta del alto tribunal, hizo salvamento de su voto, al considerar que no se configuraba la causal por la cual fue sancionado Mockus, quien fue elegido con el aval de la Alianza Verde.
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En diálogo con El Espectador, la magistrada Bermúdez explicó que “de acuerdo con los estatutos de Corpovisionarios y con el contenido de un acta de una asamblea de la fundación realizada en 2014, el director ejecutivo (Henry Murraín) no podía actuar como delegatario del presidente (Mockus), sino que era, en realidad, un representante legal de la corporación”.
Un argumento similar expuso Bermúdez cuando, a principios de marzo, se resolvió la demanda de pérdida de investidura contra Mockus por la misma razón. “No hay una sola prueba de que el señor Mockus adelantara gestiones para la obtención de esos contratos para Corpovisionarios, de la cual hacía parte (…) no existe prueba alguna que demuestre una conducta censurable”, expresó la presidenta del alto tribunal, tras la decisión en primera instancia que, en ese momento, salvó al exalcalde de Bogotá de la muerte política.
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Sobre las diferencias entre ambas decisiones del Consejo de Estado en cuanto al futuro político de Mockus, la magistrada Bermúdez dijo a este diario que ambas demandas —la de nulidad y la de pérdida de investidura— abordaban el problema de manera distinta. Por un lado, cuando se estudió la pérdida de investidura, señaló, se analizó la intención de la decisión; mientras que con la nulidad de la elección solo se revisó si existía una inhabilidad.
“En la pérdida de investidura lo que se analiza es la conducta de una persona y una conducta tiene una parte objetiva (lo que los demás ven), y una subjetiva (lo que los demás no ven, la intención con la que se hace algo). En la nulidad electoral a usted lo que importa es sencillamente lo que se hizo, no si fue de buena o de mala fe, con buena o mala intención”, afirmó.
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La elección de Mockus fue demanda por Nesly Edilma Rey Cruz, José Manuel Abuchaibe (un abogado que, según la Fundación Pares, es cercano a políticos de La Guajira) y el excongresista de Opción Ciudadana Víctor Velásquez, quienes alegaron ante el alto tribunal que Mockus figuraba como representante legal de Corporvisionarios cuando celebró dos contratos en 2017: uno con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto y otro con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Domiciliarios.
Para sustentar su decisión, el Consejo de Estado señaló que “(Se) encontró acreditada la causal de inhabilidad conocida como ‘celebración de contratos con entidades públicas’, debido a que se demostró que aquel (Mockus) era el representante legal de la entidad sin ánimo de lucro denominada Corpovisionarios, quien en el mes de noviembre de 2017 celebró contratos con entidades estatales”.
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