El procurador Delegado para las Fuerzas Militares y exmagistrado Eduardo Campo Soto presentó una solicitud de conciliación ante el Ministerio Público por un valor de 1.416 millones de pesos con el fin de no demandar a la Nación.
En el recurso, Campo Soto señaló que fue víctma de seguimientos ilegales e interceptaciones telefónicas por parte de agentes del DAS lo cual le ocasionó perjuicios morales.
Igualmente señaló que el organismo de inteligencia realizó estas actividades ilegales en contra de su esposa y tres hijos, hecho que afectó seriamente su calidad de vida.
En la solicitud precisa que fue declarado «blanco político» lo que llevó a ser «víctima de infiltraciones, seguimientos personales, incluso vuelos aéreos en los que se transportó, hechos que constituyen abusos y arbitrariedades gravísimas que han ocasionado enormes perjuicios morales».
El representante del Ministerio Público considera que estas actuaciones afectaron seriamente su vida familiar y su salud mental, por cuanto exigió una reparación moral tasada en 500 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de sus familiares y para sí mismo.
Para el procurador Delegado para las Fuerzas Militares, las interceptaciones a sus líneas telefónicas y seguimientos les generaron «angustia, depresión, estrés, desesperación e insomnios, afectando su paz familiar, pues de trata de personas honorables y distinguidas de la sociedad colombiana».
Ante esto le exige al DAS la cancelación de más de 283 millones de pesos por perjuicios morales.