A la solicitud de la Corte Suprema y del Consejo de Estado de acelerar la llegada de un relator de la ONU para verificar la situación de independencia de la justicia colombiana, se sumó una nueva postura: la negativa del procurador Alejandro Ordóñez, quien calificó de “apresurada, prematura y riesgosa” la petición. Ordóñez dijo que tal demanda sólo tendría sentido si los órganos del Estado no estuvieran funcionando: “Pero estamos aquí actuando, investigando, tomando decisiones. ¿Qué más se quiere?”
El 15 de mayo el Gobierno manifestó que la presencia de los relatores de la ONU –porque serán cuatro– “constituye un desarrollo concreto de la política de apertura al escrutinio de la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos”. Ordóñez, no obstante, dijo que si el presidente Uribe le pedía un concepto sobre este asunto, se sostendría: “En menos de 45 días hemos hecho 45 visitas especiales, obtenido 25 testimonios y hay más de 24 funcionarios investigados (…). La presencia de un relator es inoportuna”, agregó.
La cabeza del Ministerio Público también se refirió al caso del ex congresista Teodolindo Avendaño, y explicó que se ordenó trasladar pruebas de la Corte Suprema y la Fiscalía para recaudar 28 testimonios, entre ellos los del ministro de Protección, Diego Palacio; Yidis Medina; el secretario general de Palacio, Bernardo Moreno, entre otros. Asimismo, manifestó, se ordenó ampliar los descargos del ex ministro Sabas Pretelt, el ex viceministro Hernando Angarita y el mismo Avendaño.
El Procurador reiteró, además, el archivo de los procesos contra César Mauricio Velásquez e Iván Díaz Mateus. El primero, por la reunión que hubo entre funcionarios del Gobierno y emisarios de Don Berna, y el segundo, en el marco de la yidispolítica. Sobre ambos, dijo, no se halló responsabilidad disciplinaria y por eso fueron absueltos .