El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado criticó fuertemente la actitud que ha presentado el expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birry al no acudir a las autoridades después de conocer la condena de 8 años de prisión emitida por el juzgado noveno especializado de Bogotá por recibir de manera irregular 200 millones de pesos de la intervenida captadora ilegal DMG.
En este sentido consideró que el exfuncionario tiene que respetar la administración de la justicia y cumplir con la sentencia en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.
“El problema de Rojas Birry es el más elemental de los problemas policivos, hay una expresa obstrucción a la justicia y a una decisión judicial”, precisó el jefe del Ministerio Público sobre el presunto conflicto de competencias entren la justicia ordinaria y los ordenamientos indígenas no existe y no tienen ninguna validez.
Y es que el Procurador General señaló que el conflicto de jurisdicciones que ha argumentado el epersonero y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) para juzgarlo por estos hechos registrados en 2008 no puede validarse en estos momentos porque el ilícito lo cometió cuando tenía un interés en un cargo público.