El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado manifestó la necesidad de modificar la ley de restitución de tierras aprobada por el Congreso de la República en el 2010 debido a que no cumplió los objetivos planteados en el momento.
Pese a que se buscaba quitarle la tierra a los despojadores y a los delincuentes para reintegrarle la tierra a sus legítimos dueños, para el jefe del Ministerio Público el diseño de la ley «no respondió o desconoció unas realidades», hecho que justifica su modiciación.
«En muchos casos no se encuentran a los despojadores, se encuentran a terceros ocupantes de buena fe, entonces se termina haciendo una injusticia porque quedan dos víctimas enfrentadas que es al que se le despojó y al ocupante de buena fe», precisó.
En este sentido explicó que la ley debe tener en cuenta éste tipo de situaciones. «Para lograr compensar a ese ocupante de buena fe, para lograr abrir la posibilidd que haya conciliación entre las víctimas, para remover esos obstaculos».
Considera que si se permite que este tipo de casos se presenten es una puerta a escenarios de mayor violencia entre los opositores de buena fe y los legítimos dueños. Para esto se adelantará una mesa con los congresitas.
«El Estado debería indemnizar y compensar a estas terceras personas», manifestó Ordóñez al señalar que se debe regular la ley con la realidad. «Se estarían generando decisiones que afectan a la justicia».
Ordóñez Maldonado aseguró que la «ley se hizo para despojar a los despojadores, no a los campesinos que han trabajado (…) Se trata de proteger los derechos de las víctimas, derechos del despojado».
Estas declaraciones se hicieron en el marco de la mesa de problemáticas de restitución de tierras en Sábanas de Ángel (Magdalena).