El procurador General, Alejandro Ordóñez cuestionó nuevamente este viernes las propuestas que se han registrados en las últimas semanas sobre el tema de la legalización de las drogas y la creación de centros de consumo controlado con el fin de reducir las tasas de criminalidad y delincuencia quehttp://www.elespectador.com/sites/all/libraries/fckeditor/editor/skins/d…); background-position: 0px -304px; » src=»http://www.elespectador.com/sites/all/libraries/fckeditor/editor/images/spacer.gif»> se registran por el tráfico de estupefacientes.
En su intervención, enmarcada por un fuerte debate sobre el tema con el expresidente César Gaviria Trujillo, manifestó que Colombia debe continuar con una política criminal, destinada a luchar contra los carteles del narcotráfico, pero además crear políticas con el fin de evitar ayudar a los drogadictos para que vuelvan a hacer parte activa de la sociedad.
«En calidad de jefe del ministerio público he propuesto que se presente un proyecto de ley como iniciativa popular que combine con un referendo constitucional no para revocar la sentencia de la corte sino para tomar la única decisión posible dentro del estado de derecho» precisó el procurador General.
En este sentido, consideró que tienen que ser los colombianos los que decidan sobre este polémico tema que ha generado tantos debates en todo el mundo, y principalmente en Colombia que es el principal productor de cocaína del mundo y por lo tanto las personas tienen más ofertas para acceder a estas sustancias psicoactivas.
“Voy a reiterar lo que dije inicialmente, si se quiere variar la política prohibicionista acudamos a la constituyente, acudamos al referente, porque estas reformas se tienen que hacer de cara al país», precisó el jefe del Ministerio Público quien consideró que el Gobierno no puede entregarle drogas a las personas bajo la excusa de reducir la criminalidad puesto que la misma Constitución se lo prohíbe.
Según el jefe del Ministerio Público, citando un estudio internacional, el país debe tomar medidas alternativas no penales como la son el tratamiento, educación, cuidado posterior y rehabilitación social, “pero la solución no es entregar drogas puesto que esto trae otros problemas”.
“En Colombia hay variedad y alta demandas, esto se debe ver como un problema de salud pública pero también una política criminal y militar, puesto que los grupos alzados en armas se financian”, precisó Ordóñez al considerar que se deben unir todas las formas de lucha.
“No es un debate moral ni religioso”
El jefe del Ministerio Público reiteró el hecho de que el tema de los drogadictos deben tratarse como un tema de problema de salud pública, por lo que el Estado debe entregar ayuda médica y psicológica, pero nunca facilitarles y ayudarles el consumo “sino quedan satisfechos buscaran las maneras de conseguir más droga”, precisó el Procurador General quien cuestionó nuevamente la propuesta del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro sobre la creación de centros de consumo controlado.
“Es una propuesta criminal disfrazada de salud pública”, precisó Ordóñez Maldonado, quien indicó que esta propuesta no está revisando las tres grandes problemáticas que conlleva el consumo de drogas en cualquier sociedad y que va más allá de la violencia y de los delitos que se desprenden de esto.
“El desastre para la sociedad que ha traído el narcotráfico es gigantesco. Miles tratan de llevar una existencia miserable como en el Bronx, donde el Estado no hace ni presencia, las familias estables reducen el consumo, no es un argumento religioso ni moral sino es parte de un estudio”, precisó.
Por su parte, el expresidente Gaviria aseguró que la lucha antidrogas ha fracaso en Colombia y en todo el mundo, hecho por el cual la prohibición no es la salida y mucho menos meter a la cárcel a los drogadictos.
“En eso solamente creen los países autoritarios. El presidente Hugo (Chávez) dijo que el consumo de drogas eso es un delito de lesa humanidad”, manifestó en tono jocoso Gaviria quien respondió a las críticas hechas por el procurador General.