La más reciente se dio ayer, con el envío de una carta firmada por el jefe del Ministerio Público al despacho de la magistrada Rocío Araújo, ponente del caso, pidiéndole celeridad y aclaraciones sobre las últimas decisiones que ha tomado su despacho. En el documento de dos páginas enviado al alto tribunal, Ordóñez expresa además su preocupación por una información divulgada en varios medios de comunicación esta semana, según la cual el expediente se habría refundido, supuestamente por una falla en el software de los computadores de la oficina de la magistrada ponente.
El incidente al que hace referencia el procurador fue conocido esta semana, después de que el pasado lunes se suspendiera la reunión en la Sala Plena del Consejo de Estado que estaba organizada para discutir el caso de Ordóñez. La cancelación se debió a las alarmas de un posible hackeo a las oficinas de la magistrada Araújo, quien de inmediato notificó lo sucedido a la Fiscalía. Al día siguiente, seis peritos forenses y el director del CTI, Julián Quintana, visitaron las oficinas para verificar lo dicho por Araújo: que varios archivos de su computador habían desaparecido o estaban incompletos, entre ellos el documento que se les entregaría a los demás magistrados para definir el futuro de Ordóñez.
Después de varias horas, los investigadores concluyeron que se trataba de una falla del computador que eliminaba información para abrirles espacio a nuevos archivos. Ahora, con el parte de tranquilidad de la Fiscalía negando que se tratara de un ataque cibernético, el equipo de Araújo trabaja a toda marcha para recuperar el material perdido. Pero, una vez solucionado el problema, ayer llegó otro documento al Consejo de Estado que aumenta la carga laboral del despacho de la magistrada ponente y que perjudicaría la agilidad pedida por el procurador.
Se trata de un recurso de apelación presentado por la viceprocuradora general, Martha Isabel Castañeda, en contra de todas las actuaciones que ha tenido el proceso del Procurador. De acuerdo con la petición de Castañeda, la Procuraduría no ha sido notificada de varias de las decisiones tomadas en el estudio de la demanda y eso sería una violación al debido proceso. Sin embargo, el Consejo de Estado, al negarle el primer recurso el miércoles pasado, explicó que la Procuraduría había quedado relevada desde un comienzo de participar en el estudio de ese expediente porque el investigado era el jefe de la entidad.
Para avanzar en el tema, lo primero que debe resolver la magistrada Araújo es este recurso de apelación. En seguida, se espera que el borrador de la sentencia —que estaría a favor de los demandantes— sea presentada la próxima semana en la Sala Plena, y que la reunión que se suspendió el pasado lunes por fin se pueda celebrar.