El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, pidió que no se recorten las competencias del Ministerio Público al juzgar de ‘peligrosa’ la propuesta para excluir al organismo de toda participación dentro de los procesos penales.
Para el jefe de organismo de control no hay quién pueda suplir las funciones de la entidad a su cargo en esa materia pues, dice, ni siquiera los jueces de Control de Garantías están dotados de herramientas suficientes para asumir esta tarea
"Eso es grave para las garantías ciudadanas, porque al fin y al cabo la función constitucional que tiene la Procuraduría es la de ser garante de las garantías, incluso en el proceso penal. Allí no existe duplicidad de funciones, como se ha insinuado (…) Pretender que la función y el rol de la Procuraduría se circunscriba exclusivamente a ser un representante de las víctimas sería muy peligroso", sostuvo.
Añadió que hoy es frecuente que se ponga en riesgo el derecho al debido proceso y que hechos recientes demuestran que no es el momento histórico que más ha reclamado la actuación de la Procuraduría, en ese sentido.
Según lo dispuesto por la normatividad penal, al Ministerio Público le asiste el deber de analizar cada proceso penal de manera sustancial, con el fin de emitir un veredicto en torno a la culpabilidad o no del procesado, concepto que es materia de análisis por parte del Juez, pero que no lo limita para emitir una sentencia definitiva, que sólo se deriva de su subjetividad en el estudio de las pruebas.