El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, suspender de manera inmediata pero con carácter provisional los efectos de la sentencia de tutela T-059 de 23 de junio de 2010, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del Valle del Cauca.
El Jefe del Ministerio Público pidió al Alto Tribunal que dé aplicación al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, según el cual “(…)el juez podrá de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado”.
Indicó que la medida resulta procedente respecto a providencias judiciales, tal y como la acreditan los precedentes jurisprudenciales contenidos en los autos de de 25 de marzo de 2009 y 23 de abril de 2010, emanados de la Corte Constitucional.
A juicio del Procurador General, la sentencia de tutela que concedió amparo constitucional al debido proceso al Gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, no era procedente en la medida en que no se configuraba la existencia de un perjuicio irremediable.
En caso de que el Consejo Superior de la Judicatura acceda a la solicitud del Jefe del Ministerio Público y suspenda los efectos de la Tutela del Consejo Seccional de la Judicatura, antes del 30 de junio, se podría convocar a elecciones para que el nuevo Gobernador del Valle del Cauca sea elegido por el voto popular.