El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado anunció que en las próximas horas radicará ante la Sala Civil de Asuntos Agrarios el Tribunal Superior de Bogotá el recurso de impugnación con el que se busca reversar la decisión que ordenó la restitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
En el recurso, se le solicitará a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia –que conocerá el caso- que se tumbe de manera inmediata el fallo emitido el pasado martes y con el cual se ordenó anular el decreto que sacó a Petro de la Alcaldía Mayor de la capital de la República.
El principal argumento indica que el fallo “indujo en error” al presidente de la República, Juan Manuel Santos puesto que se le ordenó restituir a un alcalde que tiene además una inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos.
«El Tribunal interpretó de manera incorrecta el Pacto de San José de Costa Rica, donde queda claro que las medidas cautelares no hacen parte del bloque de constitucionalidad», señaló el jefe del órgano de control disciplinario.
Este vienes se conoció que el primer mandatario también presentará impugnación en contra de este fallo. Petro Urrego fue destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la planeación y puesta en marcha del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
En la mañana de este viernes el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez aseguró que con la decisión del Gobierno se deja en firme su posición de no acatar las medidas cautelares del organismo internacional.
“La Presidencia tenía que defender su argumentación, lo cual nada tiene que ver con si está de acuerdo o no con las decisiones judiciales (…) El presidente tenía que impugnar esa decisión para mantener un principio jurídico y eso no tiene nada que ver con que quiera o no que Petro siga en la Alcaldía”, precisó el jefe de la cartera de Justicia.
El ministro que la determinación fue tomada luego de una reunión entre el presidente Santos y sus asesores jurídicos, en la que se definió que ninguna acción judicial puede poner en tela de juicio las decisiones del Gobierno Nacional.