El senador Iván Moreno manifestó que el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado ha estado violando en sucesivas ocasiones su garantías procesales, entre otras cosas, por pedir que se investigara a su abogada Luz Stella Mosquera, luego de que esta renunciara al caso, ante la negativa del funcionario de aplazar el inicio del proceso en contra de su defendido, que se encontraba incapacitado.
Luego de que la jurista presentara su renuncia al poder otorgado por el dirigente para que ejerciera su defensa técnica dentro de la investigación, el jefe del Ministerio Público consideró que probablemente hay un decidido propósito de la profesional del derecho en demorar el desarrollo de la audiencia.
Ordóñez Maldonado convocó nuevamente la audiencia de formulación de cargos para el próximo martes, 22 de marzo, luego de dos intentos fallidos por dar trámite a esta etapa del juicio disciplinario.
Por afecciones médicas de las que fue víctima en Miami, Estados Unidos, Moreno Rojas pidió el aplazamiento de la diligencia, pero el Ministerio Público se negó a ello, luego de que la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda ratificó la competencia de sus superior jerárquico, Alejandro Ordóñez, para conocer del caso.
El jefe del ente de control desestimó que el hecho de referirse a la valoración de la manera como el dirigente había actuado en el supuesto escándalo de corrupción fuera una causal de impedimento, pues lo había hecho de una manera indiciaria, probable y no concluyente, como ocurre cada vez que se avanza hacia la etapa formal de la investigación.
Tampoco aceptó que la notificación acerca del pliego de cargos se hubiera dado a destiempo, pues concluyó que el mínimo de diez días de plazo de los que hablaba la defensa no se ajustaban al tipo de proceso del que es blanco el legislador del Polo Democrático Alternativo.
La defensa buscaba que fuera el Congreso de la República el que nombrara un procurador ad hoc, pero Ordóñez sostuvo que el antecedente de la decisión del Consejo de Estado, que amparaba esa postura, había perdido todo efecto, por determinación de la Corte Constitucional.
La máxima guardiana de la Carta Política del 91 había señalado que era a nivel interno que se debía determinar la aceptación o no del impedimento; de ahí que fuera la Viceprocuraduría la competente para determinar si avalaba o no la decisión del jefe del organismo de control de no aceptar la petición de apartarse y no asumir la dirección del proceso.
Así mismo, Ordóñez concedió un plazo de tres días a la Martha Isabel Castañeda para que resuelva las recusaciones que la defensa presentó en contra de él y otros funcionarios del Ministerio Público comisionados para actuar dentro del proceso.
A Iván Moreno se le sindica de haber exigido coimas al Grupo Nule, poniendo a su servicio su investidura parlamentaria y su vínculo de consanguinidad con el alcalde, para favorecerlos en la concesión de la Fase Tres de Transmilenio.
Al parecer, buscaba que se garantizara para él y su hermano una participación del 6 % en el valor del contrato y la concesión del manejo de algunos de los tramos de la vía Bogotá Girardot, en el cual los Nule eran los interventores.