Prefirieron renunciar que acatar el fallo de la Corte Constitucional, ese que les había ordenado un par de días atrás rectificar ciertas declaraciones dadas sobre temas relacionados con el aborto. Muy temprano en la mañana del viernes, se conoció que las procuradoras delegadas Ilva Myriam Hoyos y María Eugenia Carreño habían dejado su dimisión a consideración del procurador Alejandro Ordóñez. Fuentes de la Procuraduría le dijeron a este diario que Ordóñez no se pronunciará al respecto durante este fin de semana.
Ilva Myriam Hoyos aseguró públicamente que ella nunca había mentido en sus posiciones sobre la interrupción del embarazo, señalando que era deber de la Procuraduría intervenir en temas que se consideraban relevantes para la sociedad en general. Otra cosa, sin embargo, concluyó la Corte Constitucional, tras recibir una tutela de 1.280 personas que tildaban a Hoyos, a Carreño y al propio jefe del Ministerio Público de tergiversar y desinformar acerca del derecho a la interrupción del embarazo, calificado como fundamental por la Corte Constitucional pero al que Hoyos se refirió como el “mal llamado derecho al aborto”.
Según le dijo esa procuradora delegada a Caracol Radio, su renuncia surgió de la necesidad de no entorpecer el trabajo de la Procuraduría. Para sectores cercanos a la Corte, salir del Ministerio Público antes que acatar el fallo del alto tribunal es una afrenta a la máxima autoridad constitucional. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario creen que la verdadera causa de Hoyos para pedir su salida es su deseo de ingresar en reemplazo del magistrado Humberto Sierra Porto a la Corte Constitucional, la misma a la que hoy se niega a obedecer.
Ordóñez insiste en que no se puede rectificar porque la Corte Constitucional no lo ha notificado aún del fallo. Pero los entendidos en estos asuntos saben que la entidad que debe cumplir con la notificación no es la Corte sino el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. El Espectador confirmó que desde el 12 de septiembre, día en que se conoció el fallo contra el procurador y sus delegadas, la Judicatura tiene la sentencia en su poder. Todo este alboroto se ha cocinado en el fuego lento del proceso de elección del procurador, cargo al que aspira nuevamente Ordóñez, esta vez candidatizado por la Corte Suprema.
Ordóñez Maldonado cuenta con el apoyo de varios sectores del Congreso y su reelección se da casi por descontada. Sin embargo, en estos días se supo que el gobierno Santos está pensando en ternar a alguien de un muy buen perfil y que grupos de veeduría, como la Misión de Observación Electoral de la OEA, pidieron que magistrados de la Corte Suprema y congresistas aclaren si familiares suyos han trabajado en la Procuraduría desde 2008 hasta la fecha. Esta solicitud llega después de las serias críticas que varias personas han hecho al procurador, alegando que tiene asegurado su cargo para los próximos cuatro años a cambio de prebendas burocráticas.