En su cuarto informe presentado ante la Corte Constitucional, la Procuraduría General reiteró que continúan las fallas en la gestión de Colpensiones, lo que ha llevado a una grave afectación de los derechos fundamentales de sus afiliados.
Para el Ministerio Público persisten las fallas en el soporte jurídico para negar derechos pensionales, así como falencias en la información sobre la entrega de información de sus afiliados frente al proceso de transición del ISS a Colpensiones. (Ver Debate por ubicación de 8.956 expedientes en proceso de transición del ISS a Colpensiones)
“Se han registrado además actos administrativos que niegan derechos ya reconocidos, y que desconocen órdenes judiciales”, precisa la Procuraduría General, indicando que son múltiples las quejas que se han radicado por las fallas en todo el trámite del traslado de estos fondos.
El órgano de control disciplinario le puso en conocimiento al alto tribunal varios casos en los cuales se indica que se han negado las pensiones de invalidez “exigiendo requisitos adicionales que no están establecido en las normas” omitiendo así fallos judiciales. (Ver ‘Hay 68 mil solicitudes en lista’: Colpensiones)
Colpensiones, según cita el informe de la Procuraduría, ha ordenado el pago de mesadas pensionales en regiones diferentes a las que habita el usuario, así como la suspensión de los pagos de sustitución pensional a los hijos incapaces que dependían económicamente de sus padres, sin tener en cuenta que en la carpeta prestacional obra la calificación de la pérdida de capacidad, física o mental.
En uno de los puntos clave, y el cual ya fue motivo de discusión en la Sala de revisión de la Corte Constitucional, se advierte que existen inconsistencias en las historias laborales, así como la negación de pensiones a servidores públicos, y el no pago de retroactivos pensionales, el incumplimiento sentencias judiciales.
En este momento existen 2.280 solicitudes de cumplimiento de sentencia en la base de datos. Hasta la fecha solamente han dado respuesta a 1.203. Debido a la cantidad de quejas, resalta la Procuraduría General, es necesario crear un mecanismo para que se cumplan todos los fallos.