La Procuraduría General archivó la indagación preliminar que existía sobre la posible existencia de fosas comunes y enterramientos ilícitos en el cementerio de La Macarena, en el departamento del Meta.
El Ministerio Público consideró que después de la inspección hecha al lugar, no se pudo determinar la existencia de una de fosa común en el cementerio de La Macarena, ni se encontraron pruebas que perimitieran incidir sobre la existencia muertes de las personas allí inhumadas.
Los hechos desvirtuados están relacionados con la existencia de una fosa común en el cementerio de La Macarena, enterramientos ilegales y posibles cuestionamientos sobre las muertes de las personas allí inhumadas en las que podrían estar involucrados servidores públicos.
Para la Procuraduría, “no se ajustan a la realidad las denuncias hechas”, aclarando que no se encontraron testimonios ni pruebas físicas que sostuvieran la denuncia sobre 2.000 cadáveres sin identificar que habrían sido enterrados en ese lugar de manera irregular.
En el informe presentado por los agentes que fueron al lugar se manifiesta que en dicho cementerio existen tumbas individuales “en las que se encuentran inhumados un número aproximado de 500 cuerpos sin identificar. Las tumbas están identificadas con plaquetas dispuestas que permiten identificar el acta de necropsia a la que corresponden”.
Para tomar esta decisión también se tuvieron en cuenta los informes presentados por la Fiscalía, en la que se establece que los entierros realizados allá “fueron de manera controlada”.
Ya este tema había sido tocado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en un informe presentado el 7 de septiembre de 2010 aseguró que no se encontraron indicios de la existencia de una fosa común, ni de enterramientos clandestinos.