La decisión del ministerio público sostiene que el general Chávez, en ese momento jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), no tomó las medidas respectivas para proteger la información reservada de estos ciudadanos.
Junto con Chávez, la Procuraduría también sancionó a otros funcionarios del organismo, entre quienes se cuenta el teniente coronel Luis Antonio Ruda Velosa.
Ruda Velosa, jefe del área de producción de inteligencia de la Dirección de la Policía Nacional también fue destituido, así como el jefe del área de contrainteligencia de la institución teniente coronel Jairo Noé Ariza.
La intendente Alisneider Gómez Rondón, quien era para la época de los hechos administradora de los servidores de la Policía fue también cobijada con la sanción emitida por el ministerio público.
El fallo disciplinario de la Procuraduría tiene que ver con el escándalo que se conoció a finales del año pasado cuando quedó al descubierto que los miembros de la Policía interceptaron de manera ilegal las conversaciones telefónicas de varios dirigentes políticos, periodistas y por las que se puso al descubierto que algunos jefes paramilitares desmovilizados seguían delinquiendo desde la cárcel.