La Procuraduría General destituyó a un sargento viceprimero, un cabo segundo y a un soldado regular del Ejército Nacional por su participación en los hechos que rodearon la presentación de dos campesinos como guerrilleros abatidos en combate en hechos registrados en el municipio de Aguazul (Casanare) en septiembre de 2007.
Según la investigación disciplinaria, los uniformados adscritos a la Decimosexta Brigada – Batallón 44 Ramón Nonato Pérez, dieron de baja a dos civiles con el propósito de hacerlos aparecer como abatidos en combate. Se estableció que no existió justificación para estos hechos, por cuanto no hubo enfrentamiento, las víctimas no pertenecían a ninguna organización al margen de la ley y no se acreditó que fueran a perpetrar atentado terrorista alguno.
El fallo quedó en firme puesto que los abogados defensores no presentaron recurso de apelación. Actualmente el sargento viceprimero Óscar Edmundo Gaviria Pachajoa, al cabo segundo Osias Daniel Ballesteros Sánchez y al soldado regular Jhon Freddy González Gutiérrez están adscritos al Batallón de Infantería de Tauramena (Casanare). El Ministerio Público los sancionó además con inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos.
Para la Procuraduría los uniformados incurrieron en un homicidio de persona protegida por lo que infringieron los artículos 58 de la Ley 836 de 2003, 48 de la Ley 734 de 2002, 135 de la Ley 599 de 2000 y los preceptos de carácter internacional establecidos en el artículo tercero común a los cuatro convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional II. La falta cometida fue calificada como gravísima a título de dolo.
Para el Ministerio Público queda claro que con esa conducta se empañó la dignidad de la institución castrense por encima del respeto que merecen los militares y la confianza depositada en el Ejército Nacional, causando un grave daño social que se evidencia en la pérdida de credibilidad en el actuar de sus miembros.