La Procuraduría General rechazó la posición de la guerrilla de las Farc de no reconocer su participación en crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad dentro del desarrollo del conflicto armado interno.
Para el Ministerio Público manifestó que con esta posición, expuesta en La Habana (Cuba), se está desconociendo los derechos de las víctimas y la garantía de no repetición clave en las negociaciones que ya cumplen dos años.
En este punto asegura que es menester que la guerrilla asuma “plenamente” su condición de victimario esto con el fin de dar “legitimidad y soporte jurídico nacional e internacional a eventuales acuerdos que se alcancen en el proceso de paz”.
Y es que para la Procuraduría durante el conflicto armado las Farc asumieron una política de ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, hecho por el cual son responsables de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, hechos que están documentados y registrados por medios de comunicación nacionales e internacionales.
El órgano de control disciplinario aseguró que existió un desconocimiento por parte de las Farc del estatus de la persona protegida fue el generados de un sinnúmero de ataques contra la población civil, entre los que se destacan el secuestro y posterior asesinato de los 11 diputados del Valle del Cauca y las tomas guerrilleras a diferentes municipios en todo el territorio nacional.
Igualmente se alerta sobre el hecho de que la guerrilla de las Farc continúan con su política de reclutamiento de menores de edad, lo que evidentemente representa –para la Procuraduría General- un crimen de guerra. En este punto se citan varios casos presentados por los medios de comunicación en los que se establece que “niños y adolescentes han sido víctimas de crímenes sexuales en las filas. En consecuencia, las Farc se convirtieron en victimarias hasta de sus propios miembros”.
“Estadísticas oficiales señalan que entre los años 1998 y 2003 se realizaron 14.674 secuestros en Colombia, la mayor parte de ellos por parte de las FARC, y siendo objeto de ellos campesinos, comerciantes, profesionales, industriales y ganaderos, entre otros. Muchas de las víctimas de este flagelo perdieron la vida en cautiverio”, cita la Procuraduría General.
En este punto se citó el actuar de la guerrilla, secuestrando a los ciudadanos que no quisieran aceptar las extorsiones, en medio de las negociaciones que se adelantaban en el año 2002 con el Gobierno de turno en San Vicente del Caguán.
Este grupo igualmente ha empleado el terrorismo directo en contra de la población civil. En 2003, detonó un ‘carrobomba’ contra el club El Nogal, en la ciudad de Bogotá, asesinando a 36 personas e hiriendo a más de 200. Esta práctica ha afectado muchas zonas de la geografía nacional.