El Ministerio Público indicó que el caso se refiere a las supuestas anomalías que se produjeron en medio de la concesión adjudicada al Instituto Nacional de Concesiones, Inco.
Miguel David Bonilla España, en su condición de subgerente de Estructuración y Adjudicación, Diana Marcela Calderón Gómez, coordinadora del Grupo Férreo de Apoyo a la Subgerencia de Gestión Contractual de Inco y Álvaro Hernán Arias González, contratista de la entidad también serán objeto de la investigación preeliminar.
Al parecer, durante la concesión se produjo la solicitud de unos dineros, a cambio de favorecer a la firma que terminó haciéndose a la contratación, incurriendo en una grave violación de las normas hasta ahora vigentes en el Código Disciplinario.
Mediante este proceso previo, la Procuraduría General de la Nación buscará establecer si hubo o no un incremento injustificado en el patrimonio de quienes son objeto de la investigación.
De allí se reprenderá la posibilidad a que el ministerio público investigue nuevas irregularidades hasta ahora desconocidas, pero que pueden constituir también una violación adicional al Código.