La Procuraduría General se pronunció sobre la polémica que desató este fin de semana un operativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la alcaldía de Santa Marta, luego de que asumiera como mandatario encargado de la ciudad el secretario de Transparencia, Andrés Rugeles. El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, anunció que abrirá una indagación preliminar a los funcionarios implicados por presuntas irregularidades en el allanamiento.
(En contexto: Polémica por “revisión de seguridad” que pidió el alcalde (e) de Santa Marta)
Según la Procuraduría, por ahora buscan determinar si la DNI “está facultada para realizar, en las condiciones que se llevaron a cabo las diligencias del pasado sábado 6 de abril”, pero, además “si el operativo observó el procedimiento de rigor para examinar los equipos electrónicos, y si se dejaron constancias escritas o registros fílmicos de dicho operativo”. La recopilación de estos detalles le ayudaría a la entidad a establecer si los funcionarios implicados incurrieron o no en faltas disciplinarias.
Andrés Rugeles indicó, a través de un comunicado, que solicitó el levantamiento de un acta sobre la diligencia y cuestionó que se hayan hecho públicas imágenes de la “revisión”. “El origen de estas imágenes también será materia de investigación”, agregó. Sin embargo, no especificó si necesitaba o no una orden judicial para solicitar este procedimiento.
El alcalde Rafael Martínez, quien se encuentra detenido con casa por cárcel denunció el supuesto allanamiento en su cuenta de Twitter. Para el mandatario, la diligencia estaría encaminada a llevarse información de la Alcaldía y no contaría con la orden judicial pertinente. En las últimas horas aseguró que el material fílmico que publicó el fin de semana lo obtuvo de funcionarios de la Alcaldía que habrían llegado al despacho en el momento del operativo. Además, pidió a las autoridades que se investigue lo que considera un intento de violar sus derechos políticos.
Una de las incógnitas del hecho es la identidad del supuesto funcionario Emiro Castro. El hombre habría llegado en compañía de Rugeles a la ciudad, pero, por el momento, no es clara su vinculación a la Alcaldía. Sin embargo, estaría entre quienes entraron al despacho el fin de semana, por lo cual la Procuraduría “solicitó las copias de su nombramiento, posesión o certificado de cualquier otro tipo de vinculación con la administración de la capital de Magdalena”.