La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública le solicitó a la Gobernación del Magdalena revisar la situación en el proceso de concesión del chance –operadores del juego de apuestas permanentes- entre marzo de 2013 hasta el 28 de febrero de 2018 en la capital de dicho departamento.
Esto basándose en una investigación que adelanta la Fiscalía General en contra de una de las empresas oferentes de la Costa Atlántica por el presunto delito de lavado de activos o blanqueo de capitales provenientes del paramilitarismo.
El Ministerio Público busca que se tomen las medidas necesarias para garantizar el interés general y social y los recursos derivados del arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud del mencionado departamento.
En este caso se busca establecer si contrato firmado con la empresa Aposmar S.A. se configuró o no alguna causal de terminación unilateral del mismo, y de ser así, qué acciones se han tomado para garantizar la total y tranquila ejecución del contrato, sin perjudicar el ingreso de los recursos a la salud.
El Ministerio Público está a la espera que la Gobernación del Magdalena, mediante resolución administrativa, presente el procedimiento para determinar la situación fáctica y jurídica del contrato de concesión vigente.