Tres meses más estará suspendido el actual gobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile en el marco de la investigación que adelanta la Procuraduría en su contra por irregularidades en la terminación de un contrato de ciencia y tecnología y presuntos actos de corrupción en la gestión contractual. Esta suspensión había sido impuesta, en primera medida, el pasado mes de julio por cuenta de la suspensión unilateral del convenio No. 735 de 2013, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George Dahl).
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Ese convenio tenía como objeto investigar los “recursos hidrobiológicos del Caribe colombiano”. Sin embargo, el 9 de julio de 2016 Kalil Petro Sakr, representante legal de la Fundación George Dahl informó que el gobernador Besaile “de manera inmotivada solicitó la suspensión unilateral del Convenio Especial de Cooperación 735-2013”, que había pactado entre el departamento y la fundación por $14.000 millones.
El principal argumento de Besaile para finalizar el convenio fue para “proteger los intereses de toda la comunidad cordobesa porque, ante los incumplimientos reiterados del cooperante, no se podía disfrutar de los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas que se debían garantizar”. Sin embargo, en la práctica, el proyecto tenía un avance del 48,9 % de ejecución e incluso estaba previsto que finalizara antes de lo pactado.
Pero ¿por qué se insistió en la terminación del contrato? De acuerdo con la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, la suspensión del convenio se dio para hacer efectiva una cláusula penal de incumplimiento por más de $2.800 millones “sin atender ninguna de las pruebas que desmentían los señalamientos de la Gobernación”. Otra prueba fue el testimonio que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons rindió a la Procuraduría el 7 de septiembre del año pasado, que hoy tiene en la mira a varios funcionarios públicos.
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Para la Procuraduría, es necesaria la prórroga de esta suspensión con el propósito de “establecer la presunta participación del mandatario departamental en actos de corrupción confesados por el entonces gobernador del departamento, Alejandro Lyons Muskus, en relación con el destino indebido que tendrían los recursos públicos en la contratación”, aseguró el ente de control disciplinario a través de un comunicado. Así las cosas, esta suspensión se extenderá hasta el próximo 18 de enero.