El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le pidió al alto tribunal que rechace el acuerdo de extradición con el país inca si encuentra que hubo ruptura en la cadena de anuncios del Congreso en torno a este tratado bilateral.
El jefe del ente de control señaló que hay numerosos vicios de procedimiento en el trámite que tuvo la iniciativa en el Senado de la República que son imposibles de subsanar.
Según Ordóñez, su alegato radica en el hecho de que esa corporación legislativa haya votado la iniciativa en una sesión distinta a la cual fue anunciada, lo que según el artículo 149 de la carta de 1991 invalida la votación.
El ente de control advirtió que la aprobación se produjo en una jornada que no fue anunciada previamente, pues en las sesiones anteriores no pudo discutirse la ponencia por falta de quórum y el acuerdo terminó conceptuándose favorablemente sin que hubiera sido sometido a discusión alguna.
El acuerdo aprobado por la Comisión Segunda del Senado modificaba la Ley 1278 del 5 de enero de 2009, que reglamentaba el convenio Bolivariano de Extradición, que fue pactado por ambas naciones desde el 18 de julio de 1911.
Pese a ello, la Procuraduría concluyó que “si la Corte Constitucional logra determinar que no se rompió la cadena de anuncios tanto en la Comisión Segunda del Senado como en Plenaria del Senado, se entenderá que no existe este vicio.“