Ante la Sección Tercera de la Colegiatura solicitó la Procuraduría General de la Nación que se revoque la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de indemnizar a la familia de un menor de 18 años, residente en el municipio de Soledad, luego de haber sido detenido por la Policía.
Para el Ministerio Público, no hubo ninguna irregularidad en la detención del joven Yesid Arturo Sandoval Barcelo, por cuanto éste no contaba con un identificación que le permitiera a la Policía avizorar su condición de menor, sumado al hecho de que fue aprehendido en flagrancia, causando daños al patrimonio.
El hecho sucedió el 2 de diciembre de 2000, cuando el joven contaba con 17 años de edad y, según el demandante, el menor había sido expuesto ante los medios de comunicación, generando la vulneración de sus derechos, ya coartados por su presencia en los calabozos de la Octava Estación de Policía de Soledad.
El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, Wilson Ruiz Orejuela, dijo que no se dan los presupuestos del exceso que habrían cometido las autoridades, pues hubo razones para detenerlo y no hubo oportunidad de comprobar su identificación y edad.
"Nadie puede alegar su propia culpa en su beneficio ni mucho menos obtener un provecho con cargo al patrimonio público pues ello sería tanto como patrocinar que el incumplimiento de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, entre las que se encuentra la de colaborar con la administración de justicia, se constituya en fuente de enriquecimiento", señaló la Procuraduría en un comunicado.