El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, envió este miércoles un concepto a la Corte Constitucional en la que pide darle vía libre la ampliación de la Unidad Nacional de Protección, ya que el Decreto Ley 298 de 2017 no incurre en ninguna prohibición.
El jefe del Ministerio Público expresó que se dan “las facultades presidenciales para la paz, y además se cumple el criterio de estricta necesidad”, y “no requieren un especial nivel de deliberación democrática”. (Lea aquí: UNP lista para proteger a miembros de las Farc)
La Corte le había pedido al Gobierno explicar cuántos agentes de seguridad adicionales requeriría la UNP para cumplir con el Acuerdo de Paz y en qué fecha deben empezar a funcionar los esquemas de seguridad para los miembros de las Farc.
Señala que «el principio de los topes al crecimiento de las plantas de personal puede ser flexibilizado cuando existan necesidades de especial importancia como la implementación del acuerdo de paz».
El Gobierno ha explicado que quienes entren a hacer parte del esquema de seguridad de las Farc tendrán una asignación mensual de $1.825.843 y los trabajos de seguridad se darán en coordinación con la Policía Nacional. De hecho, ese trabajo comenzará a partir de este momento en el que las Farc completen su tránsito hacia las zonas de ubicación donde se surtirá el proceso de dejación de armas.