En firme quedó la facultad de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a los funcionarios públicos hasta con 20 años cuando incurran en faltas gravísimas.
La decisión fue adoptada por la sala plena de la Corte Constitucional al dejar en firme dicha potestad luego de fallar una demanda.
La demanda indicaba que por una falta grave era desproporcionado imponer una sanción tal alta como son 20 años.
Sin embargo, la Corte encontró que los argumentos eran infundados y avaló que las sanciones a funcionarios por faltas disciplinarias lleguen a ese número de años.