La Procuraduría General le solicitó al Gobierno que estudie e implemente las medidas necesarias dirigidas a solucionar la grave situación que se está presentando en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en estaciones de Policía en Bogotá debido al “plan reglamento” que adelantan los funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) desde hace tres meses.
En la petición, firmada por el Grupo de Política Criminal y Carcelaria de la Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, se manifiesta la necesidad de establecer las condiciones de habitabilidad de las personas que se encuentran detenidos en estos centros de detención preventiva. (Ver Distrito busca recursos del Gobierno Nacional para construir dos URI en Bogotá)
Después de hacer una visita a estas Unidades se estableció el alto grado de hacinamiento que se presenta. Esta situación, según el órgano de control disciplinario, afecta la prestación de servicios básicos como alimentación, salud, visitas y asistencia jurídica debido a que no existen los espacios y condiciones adecuadas en los centros de reclusión transitoria para albergar el número de detenidos y la insuficiencia de recursos para su atención.
Esta crisis no solamente afecta a los detenidos sino también a los servidores públicos que laboran en dichas instalaciones y a la ciudadanía. Por esto le solicitó a las entidades del Gobierno encargadas del tema invertir mayores recursos en la creación de cupos carcelario y compulsar copias, si es necesario, para la apertura de acciones disciplinarias “en los eventos en los que se configuren vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas privativas de la libertad”.
Igualmente se le sugirió a los sindicatos del Inpec abstenerse de negar el ingreso de detenidos a los centros de reclusión y permitir su traslado a las diligencias judiciales y citas médicas autorizadas, ya que posiblemente se están afectando los derechos de las personas a quienes legalmente les compete proteger y garantizar un trato digno.