La Procuraduría General le pidió al Ministerio de Salud un informe sobre el estado actual del cumplimiento de las órdenes impartidas por la Ley 1639 del 2013 que establece mecanismos protección a la integridad de las personas que han sido atacadas con ácido.
Esto debido al notable incremento en los ataques con esta sustancia que se han presentado en las últimas semanas en diferentes partes del país. El Ministerio Público consideró que es menester que se cumpla lo establecido en dicha ley para proteger a las personas que han sido víctimas de dicho flagelo.
En este sentido recuerda que se dio un plazo de 6 meses para que el Ministerio de Salud conforme una linera de ruta de atención integral a las víctimas de ataques con ácidos, así como el suministro de información efectiva para que conozcan cuales son los derechos, medias y medios judiciales, administrativos y de atención para la reactivación de sus derechos.
Igualmente se indica que el Ministerio debe coordinar una actividad tendiente a garantizar el adecuado registro y control de la venta de estos químicos y sustancias acidas, alcalinas o corrosivas las cuales se venden en diferentes establecimientos comerciales. Además se debe llevar un registro exacto de las víctimas que han sido atendidas.
Por medio de la procuraduría delegada para la Función Pública se pidió una copia de todos los registros que se han sido atendidas por casos de lesiones personales causadas por estas sustancias “que generan daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano”.