La Procuraduría General le ordenó a las autoridades disciplinarias supervisar la conducta de servidores públicos del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) con el fin de establecer si incurrieron en actividades irregulares.
El Ministerio Público ejercerá el poder preferente en los procesos que se adelanten por conductas que atentan contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la contratación estatal, normas presupuestales, fiscales, contables, el patrimonio público y la moralidad pública.
El Ministerio Público busca establecer si se presentaron irregularidades por parte de los servidores públicos incurrieron en fallas y violaciones de derechos humanos contra internos recluidos en las cárceles del país, por corrupción administrativa y por irregularidades en la contratación estatal.
El Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado anunció que el poder preferente se ejercerá sobre los expedientes que en la actualidad cursan en la dirección del Inpec relacionados con irregularidades en la expedición de certificados de descuentos y falsedades para redención de pena, abuso sexual, lesiones personales, cobros indebidos de dineros por parte de la guardia penitenciaria, entre otros.
Ante esto se ordenó a los despachos de la Procuraduría donde cursan investigaciones por las conductas ya señaladas el impulso inmediato de éstas, para lo cual dispuso la adecuación de los procesos disciplinarios en curso en todas las dependencias, al procedimiento verbal, de acuerdo con lo establecido en el Código Único Disciplinario (CDU) y el Nuevo Estatuto Anticorrupción, que modifica el citado Código.