Ante la polémica que generó la libertad de 266 de los 284 miembros del Erpac que se sometieron la semana pasada a la justicia, este martes se conoció que jueces de la República con funciones de control de garantías emitieron órdenes de captura contra 265 integrantes de la organización.
De acuerdo con la Fiscalía, se emitieron las órdenes de captura por el delito de concierto para delinquir. Hasta este momento, solo 19 miembros de la Erpac habían sido privados de su libertad y enviados a la Cárcel de Acacías, Meta.
Lo que inicialmente iba a ser un triunfo de la justicia colombiana, por el primer sometimiento masivo de integrantes de la banda criminal Erpac, terminó por convertirse en un dolor de cabeza para el Gobierno, dado que, sin ninguna explicación oficial, quedaron en libertad los combatientes rasos por no tener activo ningún requerimiento de la justicia.
El Director Nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, había manifestado que la situación que vive con los miembros del grupo delincuencial obedece a un vacío jurídico en el sistema penal acusatorio frente a la atención de sometimientos masivos de delincuentes. Para el funcionario, el vacío radica en que en el Código de Procedimiento Penal no existen directrices concretas para atender la entrega voluntaria de grandes grupos de delincuentes y se debe atender cada caso de manera individual.
Para poder privar de la libertad a los militantes del Erpac no basta con la declaración en la que reconocieron haber militado en la organización ilegal, sino que la Fiscalía primero debe documentar dichas afirmaciones para que respondan ante los jueces. Esta situación llevó a que la mayoría de los que llegaron hasta Las Malocas, de Villavicencio, a firmar el acta de entrega voluntaria, a dar la cara para que los identificaran y a rendir declaraciones sobre su actividad delictiva, luego salieron directo a sus casas a esperar el llamado de la justicia.