Al negar un recurso de apelación contra una acción popular, el Alto Tribunal protegió el derecho e interés colectivo al goce del espacio público de una serie de ciudadanos de Neiva.
Los demandantes pedían que la Electificadora del Huila no dejara que los usuarios que iban a pagar los recibos públicos, hicieran la fila en los andenes.
En la acción popular aseguraban que cuando las personas hacían fila en los andenes alrededor de la sede de la electrificadora, otros establecimientos privados veían reducido su espacio y acceso, y los transeúntes se veían abocados a caminar por el espacio vehicular, lo que podía atentar contra su vida.
"La Sala advierte que en este asunto lo que constituye la invasión del espacio público en si mismo no es el hecho de la realización de una fila para el pago de la factura del servicio público, sino la permanencia constante de los usuarios en el anden lo que obstaculiza el libre transito de los peatones", indicó la Sección Primera, con ponencia del magistrado Rafael Ostau de Lafont.
El Consejo de Estado ordenó a la Alcaldía de Neiva y a la Electrificadora del Huila pagarle $5 millones como incentivo a Felipe Andrés Salazar, persona que aparece como titular en la acción popular.
La orden va enfocada también hacia la Alcaldía del municipio porque era su obligación estar al pendiente de este tipo de espacios de uso público, y de este en particular, que además de tener el problema de las filas, en esa calle parqueaban carros y motos sin autorización. El Consejo de Estado les da dos meses para que solucionen ese asunto.