Con una minuciosa investigación sustentada en testigos estelares y el análisis de graves episodios de ejecuciones extrajudiciales, esta semana la Fiscalía adoptó una de las decisiones más trascendentales de los últimos tiempos. Pero, paradójicamente, pasó de agache por la resonancia del escándalo provocado por la ex congresista Yidis Medina. El ente acusador profirió medida de aseguramiento contra el condecorado coronel Hernán Mejía Gutiérrez, ex comandante del Batallón La Popa de Valledupar.
El caso, que sin duda tendrá una implicación internacional de largo aliento, abre un nuevo capítulo en el esclarecimiento de los tentáculos de los grupos de autodefensa y sus filtraciones en las Fuerzas Militares, pues se trata de un oficial de alta graduación que presuntamente, junto a un teniente coronel y dos sargentos, sellaron pactos siniestros con el frente Mártires del Cacique Upar, liderado por Rodrigo Tovar, Jorge 40, en lo que para la Fiscalía constituyó un concierto para delinquir agravado.
El Espectador tuvo acceso a la voluminosa providencia que ordenó la detención del coronel Mejía, del teniente coronel Pastor Ruiz Mahecha y de los suboficiales Aureliano Quejada y Efraín Andrade Perea, de la cual se desprende que a partir de 2002 el Batallón La Popa fue habilitado nada más ni nada menos que como sitio de encuentro con reconocidos jefes paramilitares, con el propósito de estructurar acciones conjuntas que derivaron en falsos positivos de la Fuerza Pública, cuando se trató de la muerte de civiles en estado de indefensión.
El principal acusador de Mejía fue un ex suboficial del Ejército identificado como Edwin Guzmán, quien voluntariamente acudió a la justicia para advertir que, a los pocos días de asumir Mejía como comandante del Batallón La Popa, se trasladó a San Ángel, en el departamento de Magdalena, donde se reunió con los principales jefes paramilitares de la región para acordar compromisos de cooperación entre el Ejército y las autodefensas para confrontar a un enemigo común: las guerrillas del Eln y las Farc.
En su testimonio, Guzmán manifestó que en el momento del almuerzo con Jorge 40, Hernán Giraldo, alias 39, o David Hernández, alias Tolemaida y alias Omega, le oyó decir al coronel Mejía que él no iba sólo por dinero, que él también iba por la gloria y por eso necesitaba bajas. Según él, Hernán Giraldo le contestó que eso lo cuadraba 39 y que no se preocupara por las bajas. Ese día, Guzmán acompañó a Mejía hasta las 4 de la tarde en un carro que había sido prestado por la multinacional Drummond.
Según la Fiscalía, después de este encuentro, en el Batallón La Popa se conformó un grupo élite denominado “Zarpazo”, al
mando del entonces mayor José Pastor Ruiz Mahecha, que cada vez que actuaba regresaba con cadáveres, afirmando a voz en cuello que eran bajas en combate. De tal modo que empezó a crecer el porcentaje de muertos en aparentes enfrentamientos con células armadas ilegales.
Al proceso se sumó el testimonio de Hughes Romero, integrante de la comunidad indígena kankuama y ex miembro de las autodefensas, quien declaró que estuvo presente en varias reuniones en las instalaciones de la guarnición militar La Popa para señalar a los personajes que eran colaboradores de la guerrilla, y que en uno de estos episodios estaba “un coronel Mejía”, quien, según Romero, le dijo que contaba con su apoyo y “nosotros con el de él” para operar conjuntamente.
Un tercer testigo, Randys Julio Torres Maestre, igualmente ex integrante de los ‘paras’, también señaló que la reunión en la que estuvo el coronel Mejía ocurrió el 15 de julio de 2003 y que en otras ocasiones acudió a la oficina del sargento Andrade para planear una operación militar cerca del corregimiento de Atanquez, donde se dio muerte a una persona, como consecuencia de la alianza entre el Ejército y las Auc.
El cuarto declarante en contra del coronel Mejía se llama Édison Esnel Ortiz Escobar, un desmovilizado del Eln que dijo que en alguna oportunidad, encontrándose en las instalaciones del Batallón La Popa, fue utilizado como informante del Ejército y que el propio Mejía le hizo la propuesta de que ingresara a las autodefensas para apoyar a la Fuerza Pública. Aunque el coronel Mejía descalificó el testigo por su apariencia de indigente, la Fiscalía le dio plena credibilidad.
Al proceso se allegó también la declaración de la secretaria del coronel Mejía, entre 2002 y 2003, quien entregó una agenda con los abonados telefónicos de quienes se comunicaban con el oficial y el comando de la unidad militar. La Fiscalía sometió a análisis y cruce de información las llamadas y encontró que, entre muchos otros, se comunicó con Hughes Rodríguez Fuentes, considerado entonces como el jefe operativo de las autodefensas del Cesar y solicitado en extradición por los Estados Unidos.
Igualmente, el análisis del CTI de la Fiscalía detectó múltiples llamadas entre el coronel Mejía y una persona conocida como Hugo, quien fungía como enlace en las reuniones entre los miembros de las Auc y los del Batallón La Popa. De todos estos encuentros, deduce la Fiscalía que se conformó el grupo “Zarpazo”, que participó en innumerables operativos militares contra las guerrillas y algunos civiles que posteriormente fueron presentados como insurgentes.
La Operación Torpedo, la Operación Demoledor, la Operación Delta, la Operación Alcaraván, la Operación Atila y dos misiones tácticas: Coraza y Tormenta II, que, según Edwin Guzmán, fueron episodios de sangrientas ejecuciones extrajudiciales. En el primero murieron dos civiles acusados de hurtar armas, y en el segundo caso, ocurrido en Bosconia, fueron asesinadas 18 personas, sindicadas de pertenecer al Eln, cuando realmente eran miembros de las propias autodefensas que se le habían rebelado a alias 39.
En la parte final de la providencia, la Fiscalía aporta los resultados de una investigación financiera adelantada por la Procuraduría, según la cual el coronel Mejía debería explicar sus diferencias patrimoniales entre 2002 y 2006, pues de percibir $24 millones en 2002, pasó a percibir $183 millones un año después. La Fiscalía presume que pudo haber recibido bienes procedentes de organizaciones paramilitares, pero advierte que este aspecto debe ser objeto de posterior verificación en el proceso.
En conclusión, el ente investigador deduce que tanto el coronel Hernán Mejía, como el teniente coronel José Pastor Ruiz y los sargentos Aureliano Quejada y Efraín Andrade, deben responderle a la justicia por el delito de concierto para delinquir agravado, y que debido a la contundencia de las acusaciones no tienen derecho al beneficio de la libertad provisional. Por ahora, la Fiscalía se abstuvo de vincular al teniente coronel Héber Gómez Naranjo, al capitán Óscar Ramos y el teniente Nelson Javier Mora.