Esta semana hubo nuevas audiencias en el proceso por la muerte del adolescente Diego Felipe Becerra (conocido en los medios como “el grafitero”) a manos de un patrullero de la Policía. ¿Cuánto hace que el chico perdió la vida?
Diego Felipe murió hace exactamente cuatro años y dos meses.
¿Hubo avances en las últimas audiencias después de tanto tiempo?
Sí, por fin. La jueza 19 tomó la decisión de que se descubrieran las pruebas de la Fiscalía.
¿Hubo sorpresas?
Me llamó la atención que mientras que en otro proceso derivado del caso, es decir, en el que se investiga la conducta del general Patiño (excomandante de la Policía Bogotá), la fiscal me negó la práctica de unas pruebas que solicité como abogada de las víctimas. En este, las pruebas que se mostraron en la audiencia parecen conducir a la implicación del general en los hechos posteriores a la muerte de Diego Felipe.
¿Sugiere que en vez de investigarlo, la fiscal del caso lo está protegiendo?
Lo que puedo afirmar es que la fiscal sexta delegada ante la Corte me ha negado la práctica de pruebas y que da la impresión de que lo está favoreciendo porque, teniendo la Fiscalía suficientes elementos probatorios para hacerle una imputación por los delitos de fraude procesal y favorecimiento al homicidio, no ha hecho nada.
¿Cuánto hace que el proceso en que se indaga al general Patiño está abierto?
Hace dos años y medio. No se entiende qué pasa, pues con la compulsa (envío) de copias hecha por la propia Fiscalía, se entregaron pruebas y declaraciones de testigos que declararan que el general Patiño participó –por lo menos– en una falsa denuncia.
¿En cuál?
En la que montaron después de la muerte de Diego Felipe, cuando la Policía aseguró ante la justicia y ante los medios de comunicación que él era un atracador y que por eso el patrullero que lo mató, le había tenido que disparar. Ese montaje es, precisamente, el que se investiga y al general por haber participado en él.
¿Esa presentación inicial del caso del grafitero como si él fuera un delincuente juvenil, motiva a los papás a persistir en que se llegue a la verdad de lo ocurrido la noche del 19 de agosto de 2011?
Sí, que hayan intentado dañar la honra de Diego Felipe después de que le quitaron la vida, es lo que no pueden dejar pasar, porque lo que hicieron los que estaban presentes, es imperdonable: le dispararon, lo llevaron en un vehículo particular a la Clínica Shaio en donde falleció; media hora después de que el sitio de los hechos estaba solo y sin vigilancia, volvieron a acordonarlo, pusieron un arma cerca del andén y plantaron unas vainillas que habían sido disparadas en otro lugar. Fue tan burdo el montaje, que ni el arma ni las vainillas coincidían con la dirección del cuerpo ni con el alcance de su mano. La física es exacta y los disparos y sus trayectorias son precisos. No mienten ni pueden adulterarse. Son pruebas técnicas irrefutables.
En total, ¿cuántos son los uniformados vinculados a la investigación?
Hay diez uniformados y tres civiles. Y están siendo indagadas otras personas, todos oficiales de alto rango.
¿Cuántos procesos hay por la muerte y los hechos posteriores al fallecimiento del grafitero?
Tres. La primera división se produjo por decisión de la entonces fiscal general, Viviane Morales, quien ordenó que el homicidio fuera investigado por un fiscal y que la adulteración de la escena del crimen estuviera en manos de otro aunque, legalmente, era uno solo porque las pruebas son las mismas. Además, decidió enviar el caso a la justicia penal militar, aunque ese tipo de delitos no están contemplados en esa jurisdicción. Fue el Consejo Superior de la Judicatura el que lo reasignó a la justicia civil. Después, surge un tercer proceso por el fuero del general Patiño.
¿En cuál etapa está cada proceso?
En el primero vamos a entrar a etapa de juicio, pero note que ya pasaron cuatro años y medio, demasiado tiempo para apenas iniciar el juicio, cuando ya debería estar fallado. Allí están siendo investigados varios patrulleros.
¿Por qué se ha demorado tanto ese primer proceso?
Por varias razones, entre otras, porque a Wílmer Antonio Alarcón, el patrullero que segó la vida de Diego Felipe, lo apoderó, en principio, el abogado Héctor Hernando Ruiz quien terminó detenido y sigue vinculado al proceso por cuatro delitos, todos cometidos en desarrollo del caso: fraude procesal, falsedad en documento, favorecimiento al homicidio y porte ilegal de armas. Cuando lo detuvieron, el patrullero se quedó sin apoderado y después nombró a otro, Jaime Gutiérrez. Y este, en lugar de cumplir su tarea de manera leal, dilató el proceso durante dos años, 2013 y 2014. El juez lo sancionó, lo relevó y le puso al imputado un defensor de oficio. Todos estos incidentes y otros han prolongado las decisiones.
¿Qué se examina en el segundo proceso?
La adulteración de la escena, en la que están implicados oficiales de mayor rango. Se trata de coroneles y tenientes coroneles. Hemos tenido muchos tropiezos para poder desarrollarlo y su avance ha sido tormentoso. La fiscalía seccional, tal vez por tratarse de oficiales, ha actuado negando o guardando información. Cuando se emiten las órdenes de captura, no nos enteran ni a las víctimas ni a mí que soy su apoderada. Por ejemplo, la orden de capturar al coronel John Harvey Peña se incluyó en el sistema (digital) judicial un día festivo. Nosotros lo supimos cuando se publicó la noticia, al otro día. Tuve que pedir cita e ir al despacho del fiscal general para que esa orden se hiciera efectiva, tres días después de emitida. ¿Por qué el CTI no lo había capturado? ¿Tal vez la fiscalía que adelanta la investigación tiene que pedirle permiso a la dirección de la Policía?
¿Y el tercer proceso es el del general Patiño?
Sí, y es el más difícil, porque ahí sí tapan todo, nada avanza y a la familia no se le informa sobre nada. Hace más de un mes que estoy pidiéndole cita a la fiscal delegada ante la Corte y no me recibe.
¿Por qué? ¿Qué dice?
Que no tiene tiempo. Uno se siente insultado.
Esta semana ustedes solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana. ¿Por qué?
Porque pasó algo delicado para la justicia pronta y debida por el homicidio de Diego Felipe: la directora seccional de Fiscalías ordenó que el fiscal 295, que tiene el expediente completo del caso, desocupara su despacho. Mover de sitio un expediente tan voluminoso como el del grafitero cuando solo existe el original y no hay copias del mismo, puede ser gravísimo. Para empezar, en sus manos están muchos elementos probatorios que se van a exhibir en juicio. ¿Cómo pretenden que se trastee como si los expedientes fueran una colección de cuentos de Condorito? Ese fiscal ha solicitado protección para él y su familia porque los han amenazado repetidamente. No le han dado un esquema de seguridad.
¿Es cierto que hubo cita de conciliación de ustedes y representantes de la Policía en la Procuraduría y que no pudieron llegar a ningún arreglo amistoso?
Es cierto. La familia no quiere dinero. Quiere la restitución de la honra de Diego Felipe. Le ofrecieron $300 millones pero no aceptaron porque, le reitero, no busca plata sino limpiar el nombre de su hijo.
¿Cómo fue la reunión? ¿Muy tensa?
Fue desagradable, porque la procuradora que nos atendió, nos recibió diciéndonos: “si pretenden que a cada muerto que la Policía enfrentó, le hagan un monumento, están locos”. Eso fue ofensivo y no corresponde a la actitud de un árbitro de conciliaciones. Contestamos que no queríamos monumentos, sino que se cumpliera algo que es propio del Estado de derecho: que la Policía no obstaculizara las investigaciones. También solicitamos que la institución ofreciera disculpas públicas a la memoria de Diego Felipe y a sus padres. Pero la Policía no aceptó. Por el contrario, ascendió al general Francisco Patiño, de brigadier general a mayor general. El director de la Policía en ese momento, general León Riaño, que fue a hacer la defensa de Patiño al Congreso para que le autorizara el ascenso, dijo que le pedía a la familia que la disculpara. Pero esas palabras eran más una estrategia para conseguir el ascenso de Patiño, que un acto de arrepentimiento.
Que usted sepa, ¿hay otros generales del rango de Patiño involucrados?
Cuando mataron a Diego Felipe se conoció un audio en que un uniformado se comunicaba con la casa del general Édgar Orlando Vale que era, en ese momento, el inspector de la Policía. Cuatro días después, hubo una reunión entre los generales Patiño, Vale, un coronel Camacho de confianza de Patiño, los padres de la víctima y yo. Les dijimos lo mismo que pedimos ahora, casi cinco años después: que el general Patiño ofreciera disculpas y aceptara que cometieron un error cuando pusieron a Diego Felipe en el grupo de los atracadores de un conductor de bus. Él prometió manejar el tema con transparencia. Salió de ahí y ese mismo día se reunió con el conductor de la buseta en el barrio 20 de Julio. Es la primera vez que un oficial de su rango visita personalmente a un civil para ofrecerle bonos de comida del Éxito por 200 mil pesos.
Entonces, ¿está segura de que la institución de la Policía está completamente involucrada al negar el homicidio de Diego Felipe y después hacer el montaje de la escena?
Estoy totalmente segura. Y le digo más: no incurrieron en esas fallas solo quienes estuvieron en la escena, sino muchos otros, semanas y meses después. Le pongo un caso: cuando varios de los uniformados estaban detenidos en la cárcel de Facatativá, y se supo que el juzgado les había negado la libertad que habían solicitado, el 13 de febrero de 2013, la directora del reclusorio, coronel Claudia Patricia Barrero, los llevó a tomar helados y después a disfrutar unos cocteles, para darles un rato de distracción y que no se fueran a molestar con la institución.
¿Cómo podemos estar seguros de que eso sucedió?
Porque dos de las tres personas que salieron con ella, le contaron ese hecho después a la Fiscalía. Pero ni esta ni la Procuraduría, cuando los testigos dieron su declaración, hicieron nada. No formularon denuncias, no abrieron investigaciones. Me tocó a mí denunciar a la directora de la cárcel, porque ningún funcionario judicial se movió.
¿Es cierto que usted estuvo vinculada varios años a la Policía?
Sí. Es una historia que me duele mucho porque tengo enorme afecto por esa institución. Y me tocó enfrentarme a ella.
¿Por qué siente tanto afecto por la Policía?
Porque formó mi carácter desde cuando empecé, en sus instalaciones, a ser docente. Allá me formé también como investigadora durante más de diez años en que estuve vinculada a ella, siempre en materias de docencia y asesorías. Además, puede sonar paradójico, pero he sido defensora de bastantes policías. Lo que sucede es que solo recibo los casos que me parecen justos.
Sin embargo, la Policía considera que usted y la familia del grafitero son enemigos de la institución. ¿Tienen razón?
No. Hemos hablado con los generales Palomino y Guatibonza y aunque reconocemos que después de lo que le sucedió a Diego Felipe los ciudadanos le perdieron respeto y credibilidad a la Policía, no es por nuestra responsabilidad, sino por sus actos. Quien obra mal, termina mal. No voy a desconocer unas hojas de vida excelentes que existen entre algunos oficiales. Pero eso no los exime de cometer un error. E incurrieron en uno muy grave la noche del 19 agosto de 2011. Y el general Patiño cometió el suyo el 22 agosto, cuando se reunió con el conductor del bus.
¿Sin justicia en Colombia?
Una cosa es que la reacción nerviosa de un patrullero inexperto produzca una muerte injusta. Otra, que la institución de la Policía se involucre en un montaje para ocultar el error cometido por uno de sus miembros. Esto fue lo que, según todas las pruebas que obran, ocurrió en el trágico caso conocido como el del grafitero, en que un adolescente que se encontraba pintando grafitis en un muro del norte de Bogotá perdió la vida, víctima de una bala del arma del agente.
Inexplicablemente, la escena fue alterada por otros uniformados que plantaron un arma y varias vainillas disparadas en otro sitio, en el lugar en donde cayó Diego Felipe Becerra, para hacerlas parecer como que le pertenecían, como que él era un ladrón que había intentado atracar un bus y como que había perdido la vida durante la persecución. El mismísimo comandante de la Policía de Bogotá, general Francisco Patiño, visitó al conductor del bus supuestamente asaltado y le ofreció $200.000 en un acto por el que ninguna autoridad judicial le ha pedido aún que rinda cuentas. El Estado parece cómplice activo o silencioso de este expediente que podría terminar siendo otra vergüenza internacional. Según se supo, la Procuraduría se apresta a cerrarles las investigaciones disciplinarias a los oficiales involucrados, sin mayor investigación.
Todos amenazados, Corte Interamericana pendiente
¿Cuántos de los intervinientes en el caso del grafitero han sido amenazados?
Tres abogados de la defensa, cuatro testigos, el fiscal del caso, los padres de Diego Felipe y yo. Hasta un miembro de la Policía lanzó una amenaza en su sitio de Facebook y continúa activo.
¿Usted ha sido amenazada?, ¿dónde y cuántas veces?
Varias veces. Unas, dentro de La Picota; otras, vía telefónica. El viernes 16 de octubre me llamaron a mi celular y me dijeron “sapa hijueputa”.
¿Han encontrado ayuda de organismos de derechos humanos?
Naciones Unidas siempre ha estado pendiente. La Corte Interamericana y la oficina de Derechos Humanos de la Embajada americana, también. Debo reconocer que el fiscal Montealegre y el vicefiscal Perdomo estuvieron prestos a escucharnos al principio. Los tropiezos con la Fiscalía fueron posteriores.
Si la Corte Interamericana decide hablar con el Estado, ¿qué le pedirían?
Ya lo hicimos. Le solicitamos que interpelara al Estado para que todos se comprometan, lealmente, con la verdad y con la búsqueda judicial de la misma. También le pedimos que urja al Gobierno a dar protección a los intervinientes y sobre todo, al fiscal 295, tan amenazado y desprotegido hoy.