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Rastreo a Manuel Sánchez, eslabón del cartel de la salud en Bogotá

La Fiscalía indaga las denuncias según las cuales sería uno de los comprometidos en el escándalo, al mismo tiempo que uno de los puntales para financiar la campaña a la Alcaldía de Samuel Moreno en 2007.

18 de enero de 2012 - 06:32 p. m.
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Su oficina ha tenido como clientes, entre otros, a la Embajada de Estados Unidos, Acción Social, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Gobernación de Cundinamarca, las alcaldías de Bogotá, Barranquilla y Tunja, y el Banco de Occidente. Con apenas 45 años, ha logrado prestigio como experto en contratación pública, fue asesor del despacho de la Contraloría General e incluso incursionó en la diplomacia como cónsul de Colombia en Nueva York.

Sin embargo, el nombre del abogado Manuel Hernando Sánchez Castro terminó salpicado en el escándalo del cartel de la contratación de Bogotá y hoy la Fiscalía rastrea su pasado y sus nexos con los hermanos Samuel e Iván Moreno o el contratista Julio Gómez; si terminó manejando la burocracia del Distrito, si es verdad que financió la campaña del exalcalde y cómo, al parecer, obtuvo documentos reservados de la Corte Suprema de Justicia que contenían las revelaciones de Germán Olano.

El fiscal José Ricardo González ya abrió una investigación en su contra en la que también figura Julio Gómez. Sánchez parece ser el eslabón perdido del llamado cartel. Según Olano, en el apartamento de Sánchez se hicieron varias reuniones con Samuel Moreno y Julio Gómez en las que se habló de contratos de salud durante la administración de Luis Eduardo Garzón. Allí salieron a relucir los nombres de Carlos Lizcano y Luis Guillermo Cantor, gerentes de los hospitales de Meissen y Simón Bolívar, respectivamente, como fichas de los Moreno.

En dichas reuniones se comentó además la disputa que había entre los concejales Isaac Moreno y Darío Fernando Cepeda por el control de la gerencia del hospital San Blas. Efectivamente, por la construcción del hospital de Meissen se le dio un contrato a una firma de Julio Gómez, por un valor de $33.000 millones, y la interventoría de dicho contrato al abogado Sánchez, quien participó en el proceso de selección de las propuestas. La Fiscalía indaga si ese binomio Julio Gómez-Manuel Sánchez manejó la contratación de los hospitales del Tunal, Kennedy, Tintal, Bosa, Usme o Simón Bolívar.

El excongresista Germán Olano también le dijo a la justicia que en plena recta final para la Alcaldía de Bogotá, en 2007, Sánchez y Gómez solían comentar sobre los aportes que entregaron para financiarla. También que el empresario Francisco Javier Uejbe, presidente de la Fundación Esensa (Especialistas en Salud), le dijo que durante una reunión organizada por Sánchez, en la que participaron cuatro empresarios, se le había pedido a cada uno $250 millones para la campaña de Moreno. Quien articuló la recolecta de esos aportes fue Sánchez.

Sobre Julio Gómez, Olano contó que se ufanaba de haber aportado $3.000 millones a la campaña de Samuel Moreno. “Para esa época se podía percibir la relación amigable entre Sánchez y Gómez”, indicó, al tiempo que se conocía la amistad entre Gómez y los concejales Hipólito Moreno, Jorge Salamanca y José Juan Rodríguez. Este último era muy amigo de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, y fue mencionado como el poder detrás del poder en el hospital de Kennedy.

A las reuniones en el apartamento de Sánchez asistieron personajes como Olano, los entonces senadores Samuel Moreno y Jaime Dussán, el exsecretario de Salud Héctor Zambrano, los concejales Hipólito e Isaac Moreno, el exconcejal Emel Rojas y directores de hospitales como Carlos Lizcano y Aldemar Bautista. Según Olano, una vez Samuel llegó a la Alcaldía empezó la puja por el control de la burocracia. El primer choque habría sido entre Julio Gómez e Iván Moreno, que respaldaban a Liliana Pardo, y el abogado Álvaro Dávila, que pretendía que llegase una persona de su confianza al IDU.

Luego el choque de trenes sería entre Dávila y el abogado Manuel Sánchez por el control de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), y “fue conocido en los círculos políticos el malestar que le ocasionó a Manuel el hecho de que no hubiese sido tenido en cuenta a quien él proponía por parte de la administración”, sostuvo Olano. Añadió que Álvaro Dávila y Julio Gómez terminaron uniéndose en un acuerdo para no pelear por el IDU y para quedarse con el control de la Uaesp, sacando del juego a Manuel Sánchez.

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El detenido exrepresentante Olano precisó que Manuel Sánchez y Julio Gómez le transmitieron el interés de Samuel Moreno en la obra del hospital de Meissen. En todas las declaraciones se señala que fue en el apartamento del abogado Manuel Sánchez donde se habrían planificado movimientos burocráticos o feriado contratos, y que era evidente la amistad entre el exsecretario Héctor Zambrano y Julio Gómez. “También se hablaba de un funcionario de apellido Ángel, de la Secretaría de Salud, que tenía cercanía o amistad con Gómez”.

El apetito burocrático por controlar la salud en Bogotá fue explicado así por Germán Olano: en la última década los hospitales se fueron convirtiendo en fortines políticos para aceitar la maquinaria electoral, después de que el Concejo de Bogotá le dio autonomía administrativa a cada uno de ellos, lo cual los hizo presupuestalmente autónomos. “Eso llevó a que en Bogotá se hiciera apetecible contar con ese apoyo o compensación política por parte de la administración para los concejales de la ciudad”.

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Entre las acusaciones al reputado abogado Manuel Sánchez, un curtido asesor de entidades públicas en temas relacionados con la contratación, también figura que obtuvo diligencias reservadas de la Corte Suprema de Justicia en las que reposaban las declaraciones de su acusador, Germán Olano, y que con ese expediente en mano habría configurado una estrategia con otros de los salpicados para desprestigiar al exparlamentario. A lo dicho por Olano se suman las declaraciones de Francisco Uejbe, el exgerente Héctor Lemus y la excontratista Gloria Inés García.

El Espectador conoció que 53 cuadernos con 12.460 folios de declaraciones, informes periciales, reportes del CTI y otras evidencias hacen parte del dossier que ya investiga el fiscal José Ricardo González para desentrañar las verdades de este señalado cartel de la salud en Bogotá. Por lo pronto, el abogado Sánchez aguarda el llamado de la Fiscalía.

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