Reportes de interceptaciones telefónicas y búsqueda selectiva en base de datos, informes sobre su historial crediticio o propiedades a su nombre, cruces de datos sobre sus comunicaciones y hasta información biográfica de cercanos colaboradores suyos forman parte de las dos investigaciones que tiene la Fiscalía en contra del registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez. La primera por los delitos de concusión y alteración de resultados electorales, y la segunda por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La génesis de estas pesquisas se remonta al 22 de agosto del año pasado. Ese día el presidente Juan Manuel Santos denunció que a las campañas de los candidatos a la Alcaldía de Cali Rodrigo Guerrero y Susana Correa les estaban exigiendo millonarias sumas de dinero a cambio de no invalidar las firmas que soportaban su inscripción en la contienda electoral. Santos le pidió a la justicia que indagara qué estaba ocurriendo y lo propio le pidió a la Registraduría.
En plena recta final de las elecciones en la capital del Valle, con un manto de corrupción denunciado desde la Casa de Nariño, una fiscal seccional inició la investigación. Rodrigo Guerrero, hoy alcalde, manifestó entonces que cuando la Registraduría rechazó su inscripción alegando que había irregularidades en las firmas que presentó para respaldar su candidatura lo buscaron a través de un emisario que le garantizaba que por $50 millones se podía ‘cuadrar’ el asunto y $2.000 millones más para asegurar su triunfo.
A Susana Correa finalmente no le aceptaron las firmas que presentó, pero antes de que la notificaran un sujeto de apellido Copete, cercano a su campaña, le insistió que por $40 millones eso se arreglaba. Los rastreos de las autoridades han concluido que Copete es hermano de un exfuncionario de la Registraduría en el Valle. En el caso de Rodrigo Guerrero las perlas son aún mayores. El 11 de agosto de 2011 el médico Juan Carlos Náder buscó afanosamente al candidato para hacerle saber la oferta sobre la cual se había tasado la Alcaldía de Cali.
En una declaración rendida ante la oficina de control disciplinario del organismo electoral, Náder sostuvo que no tiene vínculos con nadie en la Registraduría, que sólo transmitió el contenido de una conversación donde se decía que se podían alterar los resultados favoreciendo a uno u otro candidato, pero que su única intención era advertir al candidato por quien profesa admiración y respeto. “Me preocupa que erróneamente se pueda inferir que yo esté fungiendo como intermediario de actos indebidos o corruptos”, manifestó en declaración juramentada que rindió el 29 de agosto.
Náder no pudo hablar directamente con Guerrero. El mensaje se lo transmitió al asesor del candidato Jimeno Rojas. Después vino a saberse que la esposa de Rojas, Elizabeth Sánchez, era prima del registrador Carlos Ariel Sánchez. En declaración a la Fiscalía, Rodrigo Guerrero relató que su asesor Jimeno Rojas le dijo que se reunió en el despacho en Bogotá con el registrador para pedirle garantías de transparencia en el proceso. Preguntado por la Fiscalía, Jimeno reconoció haberse reunido con Carlos Ariel Sánchez, pero admitió que no tenía relación cercana con él, a diferencia de su esposa Elizabeth.
La siguiente en la lista de los interrogados fue ella. En entrevista con la Fiscalía aseguró inicialmente que en los últimos 12 años no se había comunicado con el registrador. Después aceptó que le envió un correo pidiéndole garantías para la campaña de Guerrero y que se vio con Carlos Ariel Sánchez cuando el registrador viajó a Cali a dictar unas charlas sobre las elecciones. En síntesis, Jimeno, su esposa y hasta el mismo registrador negaron en su momento cualquier tipo de contacto. Pero al hacer los cruces de las llamadas los investigadores descubrieron que sí hubo varias comunicaciones.
Estas y otras inconsistencias, sumadas a nuevos hallazgos, hicieron que a finales de octubre la fiscal de Cali ordenara una investigación en contra del registrador Sánchez. El 31 de ese mes por reparto le correspondió el expediente al curtido fiscal delegado ante la Corte Julio Ospino, un hombre con casi tres décadas administrando justicia que ha sido procurador delegado ante la Corte Suprema y magistrado del Tribunal de Bogotá. Incluso Ospino fue ganador de la medalla Enrique Low Murtra a mediados de los años 90 por su desempeño sobresaliente en la Fiscalía.
Las pesquisas
Julio Ospino empezó la indagación y ya para diciembre de 2011 había empezado a legalizar ante el Tribunal Superior de Bogotá las pruebas ordenadas por su despacho. Así ocurrió con grabaciones, búsqueda selectiva de datos y reportes de las centrales de riesgo sobre el historial crediticio e información financiera de Carlos Ariel Sánchez. El expediente ha sido manejado con completo hermetismo, pero el abogado del registrador, Andrés Guzmán, denunció supuestos excesos de Ospino en sus pesquisas.
En carta enviada al entonces vicefiscal Juan Carlos Forero, el pasado 19 de enero el registrador Sánchez enumeró las que consideró graves violaciones al debido proceso y a su intimidad por cuenta de los rastreos ordenados por el organismo investigador. Se quejó de que no se le permitiera conocer el contenido de las pruebas recaudadas por la Fiscalía, lo cual constituía una falta de garantías para su defensa.
“Se han realizado audiencias de control de garantías en las que he visto cómo se recolecta información personal, de mis cuentas de correo electrónico, revisión de bases de datos, de mis líneas telefónicas y hasta posiblemente la intervención de la Policía Antinarcóticos sin que a la fecha conozca la conducencia de esas pruebas y lo pretendido con éstas”, señaló el alto funcionario en el documento conocido por El Espectador.
Además, el registrador denunció que en otra investigación en su contra, adelantada también por Ospino, se han cometido irregularidades. Dicho proceso se refiere al contrato celebrado entre la Registraduría con EPM (hoy UNE) para las elecciones al Congreso de 2010; un convenio interadministrativo por un valor superior a los $77 mil millones que terminó en tela de juicio por el caos en la entrega de resultados y la lluvia de críticas que le cayeron a Carlos Ariel Sánchez.
En su momento se reprochó que se le hubiera dado un contrato tan cuantioso a una firma que al parecer no cumplía los requisitos para llevar a cabo ese proceso y que se le hubiera quitado a la empresa que tradicionalmente lo hacía sin ningún lío. De hecho, UNE subcontrató con varias compañías la infraestructura de las elecciones. Una de ellas fue Arolen, que estaba encargada del soporte de los escrutinios.
Tres días después del escándalo, el abogado Andrés Guzmán, en representación de Arolen, denunció en la Fiscalía que la página de la Registraduría había colapsado por cuenta de los hackers. Poco después un informe del CTI reseñó parcialmente que detrás del ataque habrían estado la Policía, el Ejército, el DAS y la firma interventora del contrato que hizo “pruebas de estrés” al proceso sin autorización el día de las elecciones. Sin embargo, análisis posteriores concluyeron que hackers no hubo y que el que falló fue el sistema de UNE.
Por esa razón, desde noviembre del año pasado, la Fiscalía solicitó una audiencia para archivar el proceso. No obstante, ha sido aplazada en dos ocasiones. Para el próximo 19 de junio fue citada otra vez. Si no hubo un ataque cibernético, como parece haberlo resuelto la fiscal Luz Esmérida Blandón, la hipótesis que queda es que hubo una mala ejecución del contrato con UNE. Esa es la segunda investigación que tiene Carlos Ariel Sánchez.
Y en su escrito el funcionario se queja de que en esta indagación, después de dos años, “no sé qué pruebas han sido decretadas por el fiscal, así como tampoco he tenido acceso a pieza procesal alguna, con lo que nuevamente veo vulnerado mi derecho fundamental a la defensa”, sostuvo el registrador. Su abogado Andrés Guzmán le dijo a este diario que no comprende por qué la Fiscalía descartó el ataque de los hackers y que Sánchez está dispuesto a acudir a organismos internacionales, porque en su criterio está probado que la Policía participó del ataque.
Además se quejó de que la Policía investigue al registrador en el expediente en el que se denunciaron irregularidades en Cali por parte de dos candidatos, sugiriendo, claro, que no es imparcial. Por todos estos hechos, Carlos Ariel Sánchez y su abogado denunciaron al fiscal Julio Ospino ante el Consejo Superior de la Judicatura y la propia Fiscalía. Guzmán aseguró que se ha violado el debido proceso del registrador, que “esto es una campaña de desprestigio de la Policía” y que incluso se buscó información biográfica de 450 personas que hablaron con Sánchez meses antes de las elecciones de octubre del año pasado.
El registrador Sánchez interpuso una tutela en la Corte Suprema de Justicia, en la que advirtió estos supuestos excesos del fiscal Julio Ospino en la recolección de las evidencias. El 21 de febrero pasado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desestimó sus quejas, señaló que todas las pruebas habían sido recaudadas con total rigor a la ley y que el alto funcionario no podía conocer el contenido de estas pesquisas hasta tanto se formule, si es que se formula, una acusación formal en su contra en un juicio.
El registrador apeló, y el pasado 12 de abril la Sala Civil de la Corte reiteró que el fiscal Julio Ospino ha venido actuando con total apego a la ley, que no ha habido violación alguna en las evidencias recopiladas por la Fiscalía, que todas las pruebas han sido legalizadas ante el Tribunal de Bogotá y que no hay lugar a la pretensión de Carlos Ariel Sánchez y su abogado de conocer las intimidades del expediente. Un espaldarazo a la gestión del curtido fiscal Ospino. Ambas decisiones están en poder de este diario.
La defensa del fiscal
El Espectador consultó a Ospino sobre las denuncias de supuestos excesos en su investigación y su respuesta es reveladora: “En realidad esta situación, denuncia penal, queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), acciones de tutela y variadas solicitudes en los procesos obedecen al interés del registrador y su defensor de acceder a las evidencias conseguidas en un momento procesal que no corresponde, tal como lo refirió la Corte Suprema”.
Ospino reconoció que existe una investigación disciplinaria en el CSJ, pero que esas quejas no tienen fundamento, porque todas las audiencias en el Tribunal de Bogotá, en donde se han legalizado evidencias contra el registrador, han sido debidamente avaladas por el magistrado de control de garantías, quien ha desestimado en todas las oportunidades la petición de Sánchez y su defensa para acceder a esas piezas procesales, garantizando el debido proceso. “Todo eso además fue avalado en primera y segunda instancia por las salas Penal y Civil de la Corte Suprema”, observó.
El fiscal aclaró que el 11 de abril pasado, por cuenta de las denuncias del registrador, los casos contra el alto funcionario fueron reasignados a la fiscal Martha Lucía Zamora y que ya nada tiene que ver con esos expedientes. Sin embargo, sus dolores de cabeza continúan. El viernes pasado trascendió que el magistrado del CSJ Angelino Lizcano presentó a la Sala un proyecto de pliego de cargos contra Ospino por las supuestas anomalías denunciadas por el registrador. La noticia la dio RCN Radio y se advierte que podría ser sancionado con tres meses de suspensión en su cargo.
En tiempo récord el magistrado Lizcano adelantó el proceso, pues un proceso que suele tardar al menos un año ya tiene un proyecto de pliego de cargos en menos de tres meses. La Sala Disciplinaria del CSJ debe resolver en los próximos días la ponencia del Lizcano. Con una particularidad: uno de los exsocios del registrador en la firma Procesos Electorales (ver balcón), el magistrado Henry Villarraga, definirá junto con sus otros seis colegas esta investigación. En palabras castizas, Villarraga podría participar en la posible sanción del fiscal que investiga a su amigo Carlos Ariel Sánchez.
El exsocio del registrador
El 12 de febrero de 2003, con el objetivo de prestar asesorías de carácter jurídico y contable en temas electorales, se creó la firma Procesos Electorales, de cuya sociedad formaban parte el hoy registrador Carlos Ariel Sánchez, Alfonso Portela Herrán, actualmente director de gestión electoral de la Registraduría, y Henry Villarraga Oliveros, hoy magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.
En 2007, cuando Sánchez fue elegido como registrador, cedió sus acciones a Hollman Giovanni Ibáñez, quien fue nombrado por Sánchez como director del censo electoral. Ibáñez, a su vez, ese mismo día cedió sus acciones a Fernando Zabala Chacón. Al año siguiente, Henry Villarraga fue nombrado magistrado del Consejo de la Judicatura y entregó su participación en la compañía, según registros de la Cámara de Comercio, a sus familiares Henry Fernando Villarraga Palacios y Luis Yesid Villarraga Flórez. Hoy son parte de la Sala que puede sancionar al fiscal Julio Ospino.
El fiscal Ospino y las denuncias de otro carrusel
El fiscal Julio Ospino tiene más de 27 años como funcionario. Ha sido juez de instrucción criminal, fiscal especializado, procurador ante la Corte Suprema, magistrado del Tribunal de Bogotá y fiscal ante la Corte. Su carrera ha sido impecable y hoy está aspirando para ser magistrado de la Corte Suprema. El Espectador, en abril de 2010, reveló denuncias en contra del registrador Sánchez y una supuesta registraduría paralela en cabeza de cercanos colaboradores del hoy magistrado Henry Villarraga, quienes al parecer ofrecían servicios a candidatos al Congreso que resultaron ‘quemados’ en las elecciones. Uno de esos candidatos denunció que en ese proceso de pelear por su curul lo atendió en una de las oficinas de la firma Procesos Electorales el magistrado Víctor Polo Sanmiguel. Hoy Polo está siendo indagado en el escándalo del Consejo de la Judicatura por supuestamente haber sido nombrado sin que se hubiera discutido su nombre, como denunció la magistrada María M. López.