El inventario de la impunidad en Colombia ha sido tan grande que este país parece condenado a no conocer la verdad sobre muchos crímenes. En los últimos años, con el objetivo de que tantos expedientes enmohecidos no prescribieran, la justicia ha echado mano de la figura de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, esa garantía de que estos procesos no tengan una fecha de caducidad para hallar a los responsables ha derivado en una controversia profunda que orbita sobre esta pregunta: ¿Ha servido para algo declarar como crimen de lesa humanidad un proceso o esto no es más que una especie de contentillo para las víctimas?
El Espectador consultó a víctimas, abogados y académicos con el fin de contestar este interrogante. La respuesta fue unánime: la declaratoria de crimen de lesa humanidad es casi un saludo a la bandera. Un debate que volvió a la coyuntura de las páginas de los diarios y de los medios de comunicación tras la decisión de dos fiscales de la Dirección de Análisis y Contexto en la que determinaron como delito de lesa humanidad los asesinatos de los defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, y del sindicalista Luis Felipe Vélez, perpetrados el 25 de agosto de 1987.
La barbarie del paramilitarismo en alianza con enlaces del narcotráfico y la Fuerza Pública atenazó a Medellín en esos azarosos años 80. El exmagistrado Carlos Gaviria, quien tuvo que salir al exilio en 1987 por cuenta de las amenazas de los ilegales, recordó que en ese paquete de crímenes impunes faltó incluir el del abogado Luis Fernando Vélez Vélez, asesinado en diciembre de 1987, cuando decidió reabrir el Comité de Derechos Humanos de Antioquia, que había quedado acéfalo tras los asesinatos de Abad y Betancur. Incluso, Gaviria recordó que Luis Fernando Vélez fue hasta la IV Brigada de Medellín y pidió protección para su vida, pues sabía que tamaña decisión era casi una muerte anunciada.
La respuesta que le dieron, según Carlos Gaviria, fue que no le podían prestar protección y que esa idea de restituir las banderas del Comité de Derechos Humanos de Antioquia era un acto casi subversivo. “Fue una amenaza”, sostuvo Gaviria. Y añadió: “Aplaudo la decisión de la Fiscalía, porque se abre una leve expectativa de esperanza, pero si no se han investigado estos crímenes en 27 años, esto no es más que un saludo a la bandera. Soy absolutamente pesimista y soy absolutamente razonable y, por tanto, tengo muy poca esperanza de que a través de esta declaratoria se pueda conocer la verdad de lo que pasó. La impunidad campea aquí. Qué bueno que este episodio sirva para recordarlos, pero que yo crea que van a condenar culpables, ¡ni riesgos!”.
El abogado Federico Arellano, cuyo padre Gerardo pereció en el bombazo al avión de Avianca el 27 de noviembre de 1989, señaló que desde 2009 se logró declarar este y otros 20 crímenes del cartel de Medellín como delitos de lesa humanidad. No obstante, sin rodeos manifestó que no ha habido un solo avance en esos procesos, que hace 20 meses pidió que se practicaran unas pruebas y que jamás le contestaron y que el expediente por el bombazo en el que fallecieron 107 pasajeros en pleno vuelo sólo está sirviendo como la tranca de la puerta de un despacho judicial. “Con todas las pruebas, no puedo entender por qué la investigación de un crimen como este no avanza. Yo me mamé, aquí no hay un solo indiciado”, dijo.
Arellano añadió que por ponerle el pecho a este caso ha recibido múltiples amenazas, que la justicia sigue dilatando las responsabilidades, que esta lentitud es infame y que “estos hechos violentos no eran un tema de Pablo Escobar y sanseacabó. Aquí mucha gente ha pasado de agache y hoy está dictando cátedra de moral”. ¿Ha servido para algo entonces la declaratoria de lesa humanidad? “La verdad, no”, declaró. En esa línea se pronunció Rosa Roldán Betancur, hermana del exgobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur, asesinado el 4 de julio de 1989. Según le dijo a este diario, lo único que la consuela es que la investigación nunca se vence. “Pero este crimen se ha quedado dormido. A mí me llaman de los medios, pero no de la Fiscalía, donde está el proceso. Todo sigue impune”, explicó.
María José Pizarro, la hija del asesinado excandidato presidencial Carlos Pizarro, señaló que no han existido avances en ese expediente, que todo se ha quedado en anuncios y bombos mediáticos, que en las fechas emblemáticas la Fiscalía busca mostrar algún resultado y que lo que ha hecho para evitar que prescriban los crímenes es declararlos de lesa humanidad. Pizarro dijo que esta figura solo ha servido para evidenciar la impunidad que históricamente ha cercado a este país. “Este caso se encuentra exactamente en el mismo punto desde antes de que fuera de lesa humanidad. Hay un alivio porque no va a prescribir, pero recibes un golpe mayor al darte cuenta de que después no pasa nada”.
Amalia Low Nakayama, hija del exministro de Justicia Enrique Low Murtra, asesinado el 30 de abril de 1991, le dijo a El Espectador: “Las declaratorias de lesa humanidad casi siempre coinciden con los aniversarios. Igual, yo no he visto un avance gigante en la investigación por este caso”. Por su parte, José Eustorgio Colmenares, director del diario La Opinión de Cúcuta e hijo del asesinado exdirector Eustorgio Colmenares, manifestó que aunque ha habido algunas diligencias para identificar a los autores intelectuales del crimen, perpetrado en marzo de 1993, aún falta mucho. Para el abogado Francisco Bernate la cosa es sencilla: “Esto no es más que un contentillo para las víctimas, un tranquilizante temporal”.
Ángela Buitrago, la exfiscal del caso del Palacio de Justicia —también declarado como crimen de lesa humanidad—, también señaló que esas declaratorias lo único que hacen es reconocer la incapacidad del Estado para administrar justicia. “Es una confesión tácita y la reconfirmación de la impunidad. Esto se hace para contentar víctimas olvidadas durante muchos años. A hoy hemos visto muy pocos resultados reales en investigaciones declaradas de lesa humanidad. La respuesta del Estado sigue siendo tardía y a uno le da la sensación de que estos casos se mueven sólo cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone el grito en el cielo”, sostuvo.
El abogado Julio Sampedro resaltó que hay una ineficacia de la justicia y que como el Estado no hizo lo que correspondía a tiempo, la salida es declarar que estos crímenes no prescriben, pero después pareciera que quedaran en el limbo. “El que los declaren imprescriptibles no garantiza que después se haga la tarea, es decir, que se encuentre a los responsables de los hechos”. Una opinión que comparte el penalista Iván Cancino. “Esto para lo único que sirve es para bajar la presión de ciertos grupos sociales o de las víctimas que reclaman justicia. Además, se hace para tratar de ocultar la incapacidad del Estado de encontrar la verdad. El contentillo no puede ser declararlos de lesa humanidad, sino asumir el compromiso de dar resultados. Pero después de 30 años, encontrar culpables es muy jodido”.
El exministro Carlos Medellín, cuyo padre pereció en el holocausto del Palacio de Justicia en 1985 y que fue yerno del asesinado director de El Espectador Guillermo Cano, sostuvo que estas declaratorias de lesa humanidad ocurren como mecanismo para solucionar la modorra judicial, que es muy bueno que estos crímenes no prescriban, pero que es muy malo que sigan durmiendo el sueño de los justos y que todo esto termina quedando en un canto simbólico que no pasa a mayores. “Mire le cuento, en el caso de Guillermo Cano, cuando me citaron como testigo después de que lo declararon de lesa humanidad en 2010, los mismos investigadores me dijeron que la Fiscalía le había perdido el interés al proceso, que lo veían como un hecho perdido en la historia, una cosa muy vieja. Y en el tema del Palacio de Justicia tampoco ha pasado nada”.
Alejandro Malambo, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, aplaudió la figura de los delitos de lesa humanidad en casos particulares, pero insistió en que en muy pocas ocasiones eso se ha traducido en resultados concretos. “Muchos de esos casos siguen en indagación preliminar. En el crimen de Carlos Pizarro llevamos 25 años en estos ires y venires de la justicia y aparte de la condena contra los hermanos Fidel y Carlos Castaño, no hay absolutamente nada. Quizá el caso por el magnicidio de Luis Carlos Galán es el más adelantado. Si esas declaratorias no están acompañadas por una verdadera voluntad de la Fiscalía para proveer los recursos financieros, humanos y técnicos para mover las investigaciones, van a pasar otros 25 años y seguiremos en las mismas”, recalcó Malambo.
En contraste, algunos reivindican que de no ser por esta figura de la lesa humanidad, algunos crímenes atroces habrían quedado sepultados por el olvido. En ese listado aseguran, por ejemplo, que ha habido avances sustanciales y condenas en el caso del Palacio de Justicia, en la investigación por la masacre de Segovia (Antioquia) de 1988, en la que se logró la sentencia del excongresista César Pérez, así como en un montón de expedientes por las violencias que dejó el aparato de sicarios del cartel de Medellín. El vicefiscal Jorge Perdomo señaló que declarar un crimen de lesa humanidad tiene efectos simbólicos y prácticos para la tutela de los derechos de las víctimas.
“Cuando se hace una declaratoria, el delito deja de ser entendido como un hecho aislado para pasar a ser reconocido como una grave violación a los derechos humanos como parte de una política sistemática de una organización criminal. Esta declaratoria impide la prescripción de la acción penal y habilita al Estado para investigar lo ocurrido en cualquier tiempo, logrando que los graves atentados contra los derechos humanos no queden en la impunidad”, sentenció Perdomo. En todo caso, la controversia está servida. Para muchos, este tipo de acciones por parte de la justicia no son más que “palmaditas en la espalda” para las víctimas. No importa en qué orilla se ubique la discusión, en lo que hay consenso es que cuando la justicia tarda, no es justicia.
*Con reportería de María Camila Rincón y María Flórez.
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