Al considerar que se incurrieron el fallas procesales, el juez 54 de conocimiento rechazó el preacuerdo pactado con la Fiscalía con cuatro beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro.
En la decisión judicial se aclara que las penas de 20 a 22 meses de prisión debían pagar Juan Manuel Dávila, María clara Fernández de soto, Juan Manuel Dávila y Ana María Fernández de Soto «eran irrisorias».
Los beneficiarios habían reintegrado los 2.400 millones de pesos que habían recibido de subsidios de riego y drenaje para sus fincas en Magdalena.
Los empresarios samarios son procesados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.