La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de tutela interpuesta por la defensa del exministro de Justicia, Alberto Santofimio Botero, con la cual se buscaba su libertad.
En su defensa, el excongresista liberal consideraba que para el momento de los hechos (agosto de 1989) tenía fuero, por lo cual su proceso tenía que ser adelantado por la Corte Suprema y no por jueces y fiscales ordinarios, quienes terminaron condenándolo en primera instancia.
Según los argumentos presentados Santofimio Botero, sus derechos fundamentales como los del debido proceso, el acceso a la justicia, a la igualdad y a su buen nombre, entre otros le fueron violados.
“Los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley, de manera que si sus actuaciones armonizan con esos dictados -según se deduce del artículo 228 de la Constitución Política-, no pueden ellas ser interferidas por otras autoridades, so pena de comprometer la seguridad jurídica, merced a que aquéllos también tienen como misión la protección de los derechos y garantías fundamentales”, se precisa en la decisión de la Corte Suprema.
En uno de los puntos claves de su decisión, la Corte consideró que fue la Sala de Casación Penal de ese alto tribunal el encargado de confirmar el fallo judicial, rechazando los señalamientos sobre la omisión en la valoración de las pruebas y material probatorio.
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Igualmente la Corte Suprema manifestó que sus consideraciones en este caso no serán remitida a la Corte Constitucional para su revisión pues no hubo un pronunciamiento jurídico de fondo para que sea revisado.
El exsenador Alberto Santofimio fue condenado a 24 años de prisión por su participación en calidad de coautor en el crimen del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, en agosto de 1989.