Mientras el fiscal Eduardo Montealegre y la contralora Sandra Morelli sostienen una guerra fría en la que denuncias van y denuncias vienen, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se mantiene lejos de la controversia. Pero no se ha quedado quieto. En entrevista con El Espectador se refirió al nuevo Código Penitenciario, a punto de ser aprobado; a la reforma a la salud y al proceso de paz. De la misma forma, hizo serios señalamientos contra la ministra de Educación, María Fernanda Campo, y lamentó profundamente la disputa que sostienen el fiscal y la contralora.
¿Cómo ve el Código Penitenciario?
Yo tengo muy claro como defensor del Pueblo que no es la solución para enfrentar el problema de hacinamiento carcelario. Es un paliativo, una medida transitoria y demasiado provisional. ¿Cuál es la solución? Sentarnos a armonizar todo el sistema penal porque hay una cantidad de delitos que no generan impacto para la sociedad pero tienen medida de aseguramiento. Todos nos rasgamos las vestiduras pidiendo seguridad. Pero hay una cantidad de medidas que se pueden tomar sin privar de la libertad a las personas. Claro, dependiendo del delito, como en una falsedad. ¿Vale la pena que esa persona esté privada de su libertad?
¿Cree que ha habido populismo punitivo?
Siempre ha habido populismo punitivo. Esta semana el senador Roy Barreras dijo que la sociedad está en peligro por las excarcelaciones masivas. No lo veo así. No creo que esté en peligro ni la sociedad ni absolutamente nada. Con esas declaraciones generan zozobra y ahora en campaña no faltarán quienes tengan unas propuestas tan absurdas como la de pena de muerte para los conductores ebrios. ¿A quién se le ocurre una manifestación de esa naturaleza? Claro que esa es una problemática de salubridad pública. Pero no la utilicen para manipular a la sociedad con una pretensión eminentemente electorera.
¿Cómo ve el proceso de paz?
El proceso finalmente cogió su ritmo. Al principio todo el mundo hacía cábalas sobre que ese proceso no se iba a demorar. Pero los procesos no hay que presionarlos. En el primer punto se demoraron mucho tiempo, pero ya en el segundo empezamos a encontrar que fue muchísimo menos el tiempo de discusión. Se espera que para este tercero se demoren muchísimo menos, por el ritmo que ha cogido el proceso de paz.
¿Cómo está la situación de conflicto en las regiones?
En muchas regiones del país el conflicto se ha incrementado. Pero la preocupación de la Defensoría es la violencia producto de los grupos desmovilizados, a los que nosotros denominamos grupos armados ilegales pero el gobierno les dio el nombre de bandas criminales. Ellos son los mayores violadores de derechos humanos en Colombia. En muchas de esas regiones han dejado una estela de terror indescriptible. Lo hemos visto en Buenaventura, en Tumaco, en Córdoba. Tenemos que reconocer que la Fuerza Pública nos ha escuchado y que ha habido muchas capturas. Lamentablemente, a medida que se captura un capo, al día siguiente ya hay otro tomando su lugar. Nos preocupa este asedio contra el ciudadano. Se ha llegado al grado de extorsionar al ciudadano de a pie, al pequeño comerciante, a la señora que vende arepas. Hasta para salir a trabajar o permitir el ingreso a su vivienda le cobran. Esa violencia nos preocupa mucho, sin decir que la otra no sea importante y que las víctimas del conflicto no sean relevantes.
¿Si no se pone coto a esta violencia el proceso de paz podría verse seriamente afectado?
Exacto. Aquí hay que diferenciar entre las víctimas del conflicto armado y las víctimas de los grupos pos desmovilizados, que nosotros hemos denunciado. Le hemos planteado al Gobierno que para ellos se requiere una legislación especializada. Nunca hemos estado de acuerdo con que se les denomine bandas criminales. Estas bandas tienen estructuras armadas, tienen presencia y dominio en territorios. Se requiere una política clara por parte del Estado para enfrentarlas.
En el caso de los profesores amenazados, ustedes sacaron una cifra y la ministra de Educación dijo que no era tan alta. ¿Qué pasó ahí?
Es lamentable que personas que no conocen la realidad hagan manifestaciones desde su escritorio en Bogotá. Cuando nosotros como Defensoría hacemos pronunciamientos de esa naturaleza es porque muchos de esos escenarios los hemos verificado personalmente. Por eso me parece irresponsable lo que dice la ministra.
¿Cómo ve esas peleas que se están viviendo en la Rama Judicial y entre los órganos de control?
Lamento profundamente que se presenten estos enfrentamientos que, al final, generan un desgaste institucional . Ahí no hay ganadores. Si hay alguna inconformidad o hay argumentos para iniciar acciones, hay que recurrir a los caminos a los que recurren todos los ciudadanos y esperar que las mismas instituciones decidan. Pero esos enfrentamientos frente a los medios de comunicación y de cara a la sociedad fastidian mucho al ciudadano.
¿Cómo ve la reforma a la salud?
Esta semana precisamente lanzamos una carta de los derechos de los usuarios que estábamos en mora de hacer con el ministro y el superintendente de Salud. Resulta que en la tutela 760 le dimos cumplimiento a esa sentencia para que a cualquier ciudadano que vaya a una IPS le entreguen su carta que trae 23 derechos y 6 deberes que tienen los usuarios. La reforma no es para que queden contentos los prestadores de servicios, la reforma es para que el usuario quede contento, para que al colombiano que demanda salud se le preste un servicio digno, oportuno, calificado.
@MaCamilaRincon
@juansjimenezh