El secretario de Gobierno del departamento del Caquetá, Gilberto Ramón Endo, dijo que los facultativos "ni siquiera pasaron una carta, simplemente anunciaron que dejarán de prestar el servicio ante presuntas amenazas, recibieron dos llamadas telefónicas".
El pasado domingo murieron dos miembros de una comisión del ICBF, encargado de la política de familia y la niñez, al estallar un explosivo al paso de una caravana por una carretera de Caquetá, activado por presuntos guerrilleros de las Farc.
En el atentado fallecieron un sicólogo y un chofer al servicio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) , y otras tres personas resultaron heridas.
"Lamentablemente se presenta esta situación de una renuncia masiva" , señaló Endo, quien pidió "no dejarse atemorizar".
En el Caguán funcionó una extensa área desmilitarizada para las fallidas negociaciones celebradas entre 1998 y el 2002 entre el Gobierno del entonces presidente colombiano, Andrés Pastrana, con las Farc.
El Gobierno de Colombia anunció que denunciará el atentado del domingo ante varios organismos mundiales, ya que se trata de una infracción del Derecho Internacional Humanitario.