El Consejo de Estado citó al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y a ocho funcionarios y ex funcionarios más de su administración para que declaren dentro del proceso que por pérdida de investidura cursa en contra del excongresista Germán Olano.
Así mismo, el alto tribunal de lo contencioso administrativo requirió al contralor Distrital, Miguel Ángel Moralesrussi; así como a Néstor Eugenio Ramírez Cardona y Liliana Pardo Gaona, director y exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, respectivamente.
La colegiatura también tendrá en cuenta las declaraciones de la concejal de Bogotá, Ángela Beneddetti; el director del Programa Anticorrupción de la Presidencia, Óscar Ortiz; el asesor del alcalde Moreno, Leonardo Echeverry; el gerente general del Acueducto, Luis Fernando Ulloa Castrillón; y la directora de la Unidad Administrativa Especializada de Servicios Públicos, Uaesp, Miriam Margoth Martínez Díaz.
De la misma manera, el Consejo de Estado solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que remita copia de los expedientes que tiene a su haber dentro de las investigaciones disciplinaria y penal que se adelantan por el carrusel de la contratación.
Las diligencias programadas por la colegiatura tendrán lugar entre el 9 y 23 de febrero próximos, según lo dispone el oficio conocido por ElEspectador.com.
La Red de Veedurías Ver, a través de su vocero Pablo Bustos, había interpuesto la demanda en contra de Olano por presunto tráfico de influencias y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Al parecer, el dirigente negoció con las autoridades distritales participación en los contratos de obras de infraestructura vial como la Fase Tres de Transmilenio, por lo que ya enfrenta una investigación penal previa ante la Corte Suprema y lo que, a juicio de la Red, lo hace merecedor a la pérdida de investidura, una sanción que lo inhabilitaría de por vida para ejercer cargos de elección popular.
“Para la Red de Veedurías es claro que se habrían trasgredido tres causales de pérdida de investidura consistente, primero, en la negociación con el contralor de Bogotá; segundo, la negociación que habría realizado con beneficiarios del erario público, cuales son los contratistas del Grupo Nule; sumado a esto, por supuesto que estamos invocando la causal de tráfico de influencias”, dijo Pablo Bustos en su momento.