En un mes la Sala Plena del Consejo de Estado resolverá la demanda presentada de nulidad y restablecimiento del derecho por el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego en contra del fallo de la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del contrato para la prestación del servicio de aseo en la capital de la República.
En su intervención ante el alto tribunal el exmandatario distrital justificó la necesidad de cambiar el modelo para la recolección de basuras en Bogotá. Petro consideró que no se presentó una irregularidad en la celebración de contratos a la empresa Aguas de Bogotá, filial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
«La Procuraduría está mintiendo de manera desaforada porque no se puede hacer la licitación del uso de áreas exclusivas sin la fórmula tarifaria que tiene que expedir la CRAC y que le ordenó al Corte Constitucional cuando yo era alcalde, incluso hoy es el día que no la ha expedido», precisó el exalcalde de Bogotá.
Igualmente indicó que en ningún momento recibió las advertencias que señala la Procuraduría General frente a la planeación de dicho contrato que buscaba la inclusión de la comunidad recicladora para la recolección de basuras. «Jamás recibió la Alcaldía un solo papel, ni una sola frase de la Superintendencia de Servicios, ni de la Procuraduría diciéndonos cómo deberíamos aplicar el auto 275 de la Corte en beneficio de los recicladores».
«Nosotros lo que hicimos fue ver cómo la orden de la Corte Constitucional que era proteger a los recicladores se podía verificar en Bogotá, y ustedes tienen que por primera vez en la historia de Colombia una entidad territorial le paga de tarifa de los usuarios y remunera el servicio que los recicladores le prestan a la ciudad», indicó.
«La Constitución habla de cuatro mecanismos para la prestación del servicio, pueden ser exclusivos o combinados, prestación directa, libre competencia entre los privados, áreas de uso exclusivo y prestación por parte de la comunidad. Hay unos fundamentalistas neoliberales que solamente creen que solamente deben ser los privados, puesto lo que hicimos fue combinar los cuatro», explicó.
En ningún caso asegura que no se salieron de la ley y la Constitución cuando planearon y ejecutaron el nuevo modelo de aseo, rechazando así los planteamientos presentados por el abogado de la Procuraduría General en la diligencia que se adelantó en la mañana de este martes.
El exalcalde aseguró que durante el proceso disciplinario no se evaluaron las pruebas presentadas por su defensa que justificaba la necesidad de cambiar el modelo de basuras en Bogotá por lo que señala que se le vulneró el derecho al debido proceso por parte del órgano de control disciplinario que concluyó que el alcalde había incurrido en tres faltas graves a título de dolo.
En este sentido calificó este caso como una «persecución política» del procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado. «Es una adopción ideológica utilizando parte del poder público para destruir las políticas que él considera no comulgan con su credo político».