Un nuevo capítulo en las investigaciones relacionadas con la yidispolítica podría abrir en las próximas semanas la Fiscalía General, si se establece que funcionarios del Gobierno incurrieron en el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, para facilitar el trámite del proyecto de acto legislativo que instauró la reelección inmediata en Colombia.
Fuentes cercanas al proceso manifestaron que de prosperar una sindicación por ese delito podría conducir a los funcionarios y ex funcionarios que en este momento son investigados, como el ministro de Protección Social, Diego Palacio; el ex ministro del Interior Sabas Pretelt, el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, o el ex secretario Alberto Velásquez, a una medida cautelar, debido a que el interés ilícito en celebración de contratos tiene una pena que va desde los cuatro hasta los doce años de prisión. Según conoció El Espectador, para vincular a personas investigadas por este delito no hay necesidad de que hubieran celebrado los contratos de manera personal, sino que basta con que hayan inducido a sus subalternos a hacerlo, sin importar si se trató de contratos de prestación de servicios. En ese caso la indagación se efectuaría en calidad de determinadores. Como se recuerda, Yidis Medina advirtió que una de las prebendas que obtuvo por haber cambiado su voto en favor de reelección fue la renovación del contrato de su tío político, el ginecólogo Eduardo Esquivel, quien había sido desvinculado de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento. En la sentencia por cohecho propio que dictó la Corte Suprema en contra de Yidis Medina se afirma que dentro de los ofrecimientos que se concretaron están los realizados supuestamente por el ministro de Protección Social, Diego Palacio, en el Magdalena Medio.
“Así ocurrió, porque nombraron a Carlos Correa Mosquera en la Dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, le otorgaron un contrato a su asesor César Guzmán como delegado de la Regional Oriente de Etesa para Santander y se designó a Juan Bautista Hernández en el Sena de Barrancabermeja”, señaló en ese momento la Corte.
También puso de presente que a través del Ministerio del Interior se vinculó a varios recomendados de Medina en diferentes cargos. “Dos contratos a César Guzmán, como profesional universitario de la Dirección de Prevención y Atención de Desastres y una orden de servicios con la oficina de asuntos territoriales. Asimismo, fue nombrada como notaria segunda de Barrancabermeja Sandra Patricia Domínguez”, señala la providencia.