El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado cuestionó la propuesta de otorgarle la categoría de delito político al narcotráfico, al considerar que con esto se estaría renunciando a la persecución penal a los miembros de grupos guerrilleros que incurran en el tráfico de estupefacientes.
“Busca blindar jurídicamente a los capos de la cocaína de las Farc”, precisó el jefe del Ministerio Público al hacer referencia al hecho de que se estarían “disfrazando” como delincuentes políticos a personas que tienen relación con el narcotráfico lo cual traería graves consecuencias.
En este sentido aseguró que este tipo de propuestas está dirigida a “blindar contra la extradición a sus autores y darles el derecho a gobernar a Colombia a través de la participación política”. A esto se suma, manifiesta el Procurador General, el hecho que tampoco se adelantaría una persecución penal del lavado de activos a este grupo guerrillero.
“Esto es, que no se persigan las actividades orientadas a dar apariencia de legalidad a las ganancias provenientes del narcotráfico”, explicó el jefe del órgano de control disciplinario por medio de un comunicado de 10 puntos en los que rechaza categóricamente esta propuesta presentada en los últimos días por varios representantes del Gobierno.
Ordóñez Maldonado aseguró que la guerrilla de las Farc debe entregar “las riquezas” que han obtenido por actividades relacionadas con el tráfico de drogas a un fondo de reparación de sus víctimas. “Los narcotraficantes de las Farc, comenzando por su cúpula, solicitada en extradición, en cualquier caso seguirán siendo perseguidos por otros estados. Nada diferente a cumplir una pena de cárcel efectiva en el marco de justicia transicional les dará seguridad jurídica”.
En uno de los apartes del documento se manifiesta que ya la Corte Constitucional, en su sentencia C 577 de 2013, fijó los límites para definir los delitos conexos con el delito político, los cuales deben respetar unos criterios de proporcionalidad y razonabilidad. “El narcotráfico es un delito común de carácter trasnacional ejecutado por las Farc con el fin de acumular inmensas riquezas, representadas en tierras, ganado, empresas e inversiones y que circula clandestinamente en el sector financiero nacional e internacional”, precisó Ordóñez.
Para el Procurador General ya es claro que el narcotráfico no es compatible con la esencia del delito político como se pretende puesto que no cumple con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. “Tal acumulación que nada tiene que ver con el altruismo que caracteriza el delito político, la reconoce hasta el propio presidente de la República al referirse a las tierras despojadas por ese grupo criminal”.