Un duro revés jurídico sufrió el martes en la noche el Gobierno del presidente Santos: la Corte Constitucional tumbó, por falta de motivación, la segunda emergencia económica, social y ecológica decretada el pasado 7 de enero para conjurar la crisis generada por la ola invernal que dejó 2,2 millones de damnificados y 726 mil hectáreas inundadas en todo el país.
Inmediatamente, el Gobierno dijo que acata la decisión y que “hoy mismo presentará a consideración del Congreso, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley de adición presupuestal por $5,7 billones que garantice los recursos necesarios para atender la emergencia en el año 2011”.
La Corte, en un fallo unánime (9 votos en contra), adujo que el Decreto 020 del 7 de enero de 2011 “no tenía la motivación suficiente sobre el porqué y para qué se requerían nuevas facultades extraordinarias”, explicó el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao.
En consecuencia, dejó sin efecto los 12 decretos expedidos después del 7 de enero, entre ellos el que ordenó a las empresas de energía eléctrica, gas natural y acueducto y alcantarillado no cobrarles a los damnificados en cuyos inmuebles se imposibilite la prestación de los servicios debido al estrago invernal.
También quedó en veremos el Programa Especial de Reforestación para rehabilitar los suelos inundados.
Los afectados tampoco disfrutarán, por ahora, del seguro agropecuario para proteger el patrimonio de los productores agropecuarios.
Los beneficios tributarios y aduaneros, así como la adición presupuestal para el Fondo de Calamidades, también se cayeron.
Además, quedó frenada la intervención de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales que por omisión o acción contribuyeron a la ocurrencia de los eventos de catástrofe y calamidad nacional.
Frente a ese panorama, el Ejecutivo precisó que las medidas para la generación de empleo de emergencia serán incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que se tramita en el Congreso, y que en ese mismo escenario insistirá en la reestructuración de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Además, estudiará mecanismos para salvaguardar los beneficios tributarios y aduaneros para los afectados por la ola invernal, así como los beneficios otorgados para el cobro de los servicios públicos domiciliarios a los damnificados por la emergencia.