Sin que la justicia aclare de una vez por todas si hubo comisiones ilegales para que el Grupo Nule fuera favorecido con contratos en el Distrito, lo que empieza a quedar claro es que el capítulo Fase III de Transmilenio constituye apenas la punta del iceberg de lo que el superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, ya calificó como “la quiebra corporativa más grande de la historia de Colombia”. Definición que se explica cuando se constata el imperio de contratación que llegaron a constituir los Nule.
El asunto comienza a posicionarse en los organismos de control, mientras la opinión pública se familiariza con nombres propios: MNV S. A., Gas Kpital, Kpital Energy, Translogistic, Compañía Energética del Tolima, Bitácora Soluciones, Ponce de León y Asociados, Ingenieros Consultores, Aguas Macondo S. A., entre otras, todas relacionadas con dineros de los Nule. Las piezas de un rompecabezas que ya se ajustan en estrados judiciales.
En la Procuraduría, por ahora, las pesquisas se orientan a determinar las irregularidades de las relaciones entre el Grupo Nule y el Distrito. Ya fueron destituidos el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, y el excongresista Germán Olano por un inusitado incremento patrimonial en sus ingresos. Al menos el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, en desarrollo de la audiencia pública, definió este caso como “una bomba atómica contra la moral pública”.
Además, ya fue citado para proceso disciplinario el senador Iván Moreno, hermano del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. 18 exfuncionarios y altos empleados del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), encabezados por su exdirectora Liliana Pardo, fueron cobijados con un pliego de cargos. De manera simultánea, la Fiscalía fijó para el 23 de marzo la diligencia de imputación de cargos contra la exdirectora del IDU, el exsubdirector jurídico Inocencio Meléndez y el excontralor Moralesrussi.
La Fiscalía deberá aclarar si incurrieron en los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado, cohecho, concusión y prevaricato por omisión. Además, deberá determinar si los primos Miguel, Guido y Manuel Nule son reales colaboradores de la justicia y se les acepta un principio de oportunidad en su favor.
Por su parte, la Corte Suprema también está averiguando. Y lo hace porque tiene indagaciones contra el excongresista Germán Olano y el senador Iván Moreno, por presunto cobro de comisiones por concesión de contratos. De hecho, a instancias del alto tribunal, por estos días se realiza en el Consulado de Miami una audiencia pública que va por su tercer día y que ha permitido, sin que se enfrenten cara a cara, un verdadero careo entre el senador Iván Moreno y los Nule.
Pero definitivamente los organismos que ya trascendieron el capítulo Nule-Distrito son la Contraloría y la Superintendencia de Sociedades. En el primer caso, la contralora Sandra Morelli ya ha advertido que se requiere levantar el velo corporativo del cuestionado grupo empresarial y descubrir la reserva bancaria. El propósito es detectar de qué manera venían trabajando las sociedades del grupo y cómo estaban manejando sus negocios ante el sector oficial.
La contralora Morelli ha dicho que ya están en trámite 22 actuaciones contra los Nule y sus colaboradores. Además, entabló una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en busca del embargo de los bienes del Grupo Nule. La acción fue admitida, pero el contencioso de Cundinamarca conminó a la Contraloría a que use sus facultades para promover la medida que está solicitando. La contralora ha pedido colaboración para indagar en el exterior.
En cuanto a la Superintendencia de Sociedades, ya existe abundante información. De hecho, el propio superintendente Luis Guillermo Vélez ha dicho que los problemas de insolvencia de los Nule no fueron causados por los líos de la calle 26 en Bogotá, sino que ya habían entrado en problemas desde 2008 y buscaban afanosamente recursos extra bancarios. Por lo pronto, avanza la liquidación de ocho de las empresas del Grupo Nule.
Y mientras las autoridades administrativas y judiciales avanzan en sus pesquisas, siguen apareciendo sorpresas. En varios informes de su Unidad Investigativa, el Canal Caracol ha evidenciado algunas. En primer término, cómo hoy las liquidadas empresas del Grupo Nule tienen 349 acreedores con una suma que puede llegar al billón de pesos. Tan sólo en un caso hay 18 personas que le dieron poder al abogado Andrés Aranguren y reclaman $1.400 millones.
El abogado admitió que como los Nule gozaban de mucho prestigio le prestaron dinero respaldados en simples pagarés. Con un detalle: un espacio vacío donde debía aparecer el interés a pagar. En opinión del experto en derecho bancario Darío Laguado, esta circunstancia podría derivar en una posible captación masiva e ilegal y, en cualquier caso, demuestra el desespero que tenía el Grupo Nule por conseguir dinero antes de que estallara el escándalo de la calle 26 en Bogotá.
Lo cierto es que los remanentes de la liquidación de las empresas no van a alcanzar para pagar estas deudas. Entre los acreedores figuran el exsenador Joselito Guerra de la Espriella, la oficina de abogados del vicepresidente Humberto de la Calle y la consultora de comunicaciones Dattis, de los periodistas Mauricio y Darío Vargas. Acreedores que tienen otro problema para recuperar sus dineros: la contabilidad de las empresas del Grupo Nule fue prácticamente inexistente.
Pero no es el único hallazgo. El Canal Caracol informó además que varias empresas de los Nule se quedaron con dinero de los contribuyentes y ya existen nueve denuncias penales de la DIAN. Según el experto en derecho tributario, Wilson Ramos, podría configurarse un delito porque se trata de dineros por recaudación de impuestos. Tan sólo a dos de las empresas del Grupo Nule la DIAN reclama más de $25.000 millones.
Además, los Nule tienen deudas desde hace más de diez años por IVA, retención en la fuente e impuesto al patrimonio. Para recuperar el dinero, el organismo oficial ya acudió a procesos de cobro coactivo y a embargos. Lo paradójico es que a pesar de las crecientes deudas a través de los años, apenas en marzo de 2010 se interpuso la primera denuncia. Hoy, con el escándalo creciendo, los Nule tienen otro dolor de cabeza por esta vía.
Así las cosas, el caso Nule, que ocupará la atención de las autoridades judiciales durante buen tiempo, apenas comienza. El capítulo Bogotá es el primer paso, pero queda por aclarar cómo se convirtieron en zares de obras de acueducto; de qué manera ingresaron a empresas de servicios públicos; cuál fue su estrategia para ganar obras de infraestructura del tamaño de la autopista Bogotá-Girardot; y quiénes fueron sus socios hasta convertirlos, en pocos años, en los empresarios de moda en Colombia.
Lo demás se mide en dos peculiares declaraciones de los Nule, ahora que están en el ojo del huracán. Primera, el comentario de Miguel Nule cuando advirtió que “la corrupción en Colombia, como en cualquier país del mundo, es inherente a la naturaleza humana”. Y la segunda opinión, del mismo personaje, quien comentó por estos días en Miami que su situación económica es precaria, que está viviendo de su mujer y que sus únicos ingresos ahora que está en bancarrota provienen de una asesoría empresarial que está adelantando en Estados Unidos.