El abogado Iván Acuña, quien defiende los intereses del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego manifestó que existen decisiones de la Fiscalia General y la Corte Constitucional que señalan claramente que en la implementación del servicio de aseo en la capital de la República no se presentaron irregularidades.
El jurista manifestó que el ente acusador archivó la investigación contra el exmandatario distrital al manifestar que no se allegaron pruebas para inferir que se vulneraran los principios de la contratación pública o una afectación al medio ambiente en su ejecución.
Igualmente, citó que en la misma decisión el ente compulsó copias para investigar a los procuradores de la Sala Disciplinaria que adelantaron la investigación contra el entonces mandatario distrital por un presunto prevaricato por acción, es decir una extralimitación en sus funciones a la hora de emitir el mencionado fallo.
Para el abogado se debe tener en cuenta el hecho que el contratista Emilio Tapia Aldana -condenado por el ‘carrusel de la contratación- aseguró bajo la gravedad de juramento que el día de la ejecución del nuevo modelo de aseo los operadores privados trasladaron los vehíuclos a los municipios de Funza y Mosquera (Cundinamarca).
Otros vehículos recolectores fueron escondidos en garajes argumentando que presentaban fallas mecánicas. De esta manera, según el abogado, se fraguó el complot contra el mandatario para afectar directamente el modelo de aseo en Bogotá durante los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2012.
Debido a esto, la recolección de basura en la mayoría de las localidades de Bogotá se vio afectada como lo registraron los medios de comunicación y los ciudadanos en las redes sociales. Parte del plan consistía además en recolectar una bolsa de basura si y la otra no, esto fue conocida como la operación «mordisqueo».
«Eso fue un caos provocado por los operadores privados», precisó el abogado al manifestar que se quiso sabotear el plan del esquema de basuras. «Desde hace mucho tiempo se había planeado por parte de los operadores privados», desde el momento mismo en que Petro Urrego anunció el nuevo modelo de aseos cumpliendo con los requerimientos emitidos por al Corte Constitucional.
Debido a esto le solicitó a la Sala Plena del Consejo de Estado que tumbe el fallo disciplinario que destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos por tres cargos relacionados con la celebración de contratos con la empresa Aguas de Bogotá y el daño al medio ambiente causado por las falencias en la recolección de la basura.