El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, manifestó que ya están en carpeta las investigaciones ordenadas por el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Bogotá en contra de los abogados que tuvieron relación con el caso de DMG.
Juristas como Abelardo de Laspriella y Gustavo Salazar Pineda, que actuaron en representación de la intervenida captadora ilegal serán sometidos a un investigación disciplinaria, relacionada con faltas a las normas que rigen el ejercicio al derecho, luego de las órdenes impartidas por el Juez que condenó a David Murcia Guzmán.
El titular del despacho, que había proferido la condena contra el cerebro de la firma, también sugirió la posible actuación irregular de tales abogados, no sólo desde el punto de vista disciplinario sino penal, y de ahí que señalara la necesidad de investigar exhaustivamente a los litigantes.
En el caso de Abelardo de Laspriella, existen señalamientos de un posible enriquecimiento ilícito, tras el lobby que hizo en el Congreso del punto de la reforma financiera que buscaba despenalizar la captación masiva y habitual de dineros del público, por cuanto se ordenó la apertura indagaciones en lo penal y en lo disciplinario.
Entre tanto, a Gustavo Salazar se le indilgan declaraciones temerarias e injuriosas en contra del Juez de conocimiento, lo que llevó al titular del despacho a exigir la intervención de la Judicatura y sancionar la conducta, si había lugar a ello.
De la misma manera, otros 13 abogados que actuaron a favor de DMG y sus socios serán incluidos en la investigación, que podría hacerles merecedores a suspensiones o, incluso, la pérdida de su tarjeta como profesionales del derecho, según la gravedad de la falta y la comprobación su responsabilidad en ella.