Sentencias judiciales que afectan la vida diaria

En el cierre de 2016, los tribunales de la justicia constitucional y ordinaria emitieron numerosas sentencias. Por su importancia y repercusiones sociales, extractamos los principales apartados de algunos fallos relacionados con los sectores de la salud, laboral y el familiar. iStock Condena a EPS Pese a que un examen reveló que un recién nacido presentaba un excesivo grado de bilirrubina, cuya presencia se considera prematura a las 36 horas de nacido, una pediatra del centro asistencial donde fue atendido el parto ordenó dar de alta a la madre y al bebé. Esta decisión ocasionó en el bebé de dos días de nacido enfermedades irreversibles y progresivas durante el resto de su existencia. Por la deficiente atención médica, la Corte Suprema de Justicia condenó a la clínica, a una EPS y a una aseguradora al pago de una indemnización por gastos futuros de atención de su salud, perjuicios morales y daño a la vida de relación. Para la Sala Civil de ese tribunal, “es ostensible que por las graves e irreversibles lesiones que se le provocaron al menor, él, en lo que hasta ahora ha transcurrido de su existencia y en lo que le falta, no ha podido, ni podrá, llevar una vida siquiera cercana a lo normal, pues está impedido para realizar, incluso, las actividades más básicas en el desempeño humano, como caminar, hablar, comer, aprender, trabajar…”. Requisitos para acceder al transporte gratuito de pacientes Aunque, en principio, el costo del transporte para acceder a los servicios de salud debe ser sufragado exclusivamente por el paciente o su familia, la Corte Constitucional advierte que, con base en el principio de solidaridad, los jueces, al resolver acciones de tutela, pueden ordenar a la EPS el suministro total del valor de transporte y estadía para acceder a servicios médicos. Esa carga debe ser asumida por las entidades de salud cuando la solicitud cumpla los siguientes requisitos: (i) el procedimiento o tratamiento se considera indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona, (ii) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado, y (iii) de no efectuarse la remisión, se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. Además puede ordenar el pago del traslado y estadía del usuario con un acompañante cuando el paciente dependa de un tercero para su desplazamiento, requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas, y cuando ni él ni su núcleo familiar cuentan con los recursos suficientes para financiar el traslado. A trabajo igual, salario igual Si un funcionario público es designado en una función para reemplazar temporalmente a otro empleado, deberá percibir el mismo salario de aquel a quien sustituya. La Corte Suprema explicó que en este caso debe aplicarse el principio “a trabajo igual, salario igual”, que también es aplicable para los empleados del sector privado. Aclara el fallo, con ponencia del magistrado Fernando Castillo Cadena, que cuando se pretenda demostrar que objetivamente no se puedan retribuir las funciones con igual cantidad de dinero, es necesario que la parte interesada proceda a señalar la disposición convencional, el reglamento interno de trabajo o el acuerdo efectuado entre la entidad respectiva y los funcionarios, donde se haya señalado que al desarrollar determinadas funciones en interinidad el trabajador encargado no percibirá el salario de quien reemplaza. En el caso estudiado, una secretaria logró que la Corte Suprema nivelara su salario con el percibido por sus colegas en una dependencia municipal, pues devengaba caso $500.000 menos que sus compañeras. Límites a descuentos salariales Todos los salarios devengados por los empleados, inclusive el salario mínimo, pueden ser afectados para cumplir el pago de las deudas alimentarias que, por ejemplo, contraigan los padres frente a sus hijos. En estos casos se presenta una excepción a la regla general, pues los jueces pueden ordenar embargos hasta por 50 % de su monto. Así lo precisa la Corte Constitucional al aclarar las diferencias de los distintos descuentos que se le pueden aplicar al salario de un trabajador con el fin de establecer cuáles son sus límites. La regla general, dice el artículo 154 del Código Sustantivo del Trabajo, es que el salario mínimo no es embargable, prohibición que rompe el artículo 155 al ordenar que el juez sólo puede decretar el embargo de la quinta parte del excedente del salario mínimo, lo cual, según la Corte, resulta una garantía al derecho fundamental al mínimo vital. La excepción a esa protección se refleja en los embargos provenientes de obligaciones alimentarias y de deudas con cooperativas. Dependencia económica en la pensión de sobrevivientes Una persona inválida puede gozar de la pensión de sustitución o de sobrevivientes de un hermano que haya fallecido, siempre y cuando demuestre la dependencia económica y el estado de invalidez. Al estudiar la legislación de seguridad social, la Corte Constitucional señala que la dependencia económica se acredita, en principio, si el hermano inválido no cuenta con otro tipo de ingresos que permitan su subsistencia en condiciones similares a cuando el causante se encontraba con vida. En la tutela T-613 de 2016, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, la Corte cita un aparte de la sentencia C-111 del 2006 sobre dependencia económica de los padres de “forma total y absoluta” de sus hijos, que por analogía puede aplicarse al caso de los hermanos inválidos. Dicha dependencia económica, dice, “no siempre es total y absoluta como lo prevé el legislador. Por el contrario, la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que en aras de proteger derechos fundamentales admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada beneficiario”, determinó la providencia. Además estableció un conjunto de reglas sintetizadas así: (i) para ser dependiente económicamente de alguien, los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen una subsistencia en condiciones dignas. (ii) El salario mínimo no es factor determinante, así como recibir otra prestación económica; por ello, la incompatibilidad de pensiones no opera tratándose de la pensión de sobrevivientes. (iii) La independencia económica no se configura por el hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o ingresos ocasionales; es decir, es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes. Por último, (iv) la posesión de un predio no es causa suficiente para acreditar dicha independencia. Mujeres en labores peligrosas Las mujeres sí pueden ser contratadas en trabajos subterráneos de las minas y en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos. Así lo determina la Corte Constitucional al levantar las prohibiciones que estaban consignadas en el Código Sustantivo del Trabajo. El máximo tribunal constitucional reseña en la sentencia C-586 del 2016 que dichas prohibiciones vulneraban la autonomía personal y el derecho a la igualdad de oportunidades de las mujeres para el acceso al trabajo. Paralelamente, violaba la libertad de escoger profesión u oficio, porque la prohibición excedía límites regulatorios del legislador. Para la Corte, esas prohibiciones son medidas paternalistas, presentadas de modo aparente como medidas de protección en favor de las mujeres, que además de presentarlas como sexo débil, en la práctica las pone en posición de desventaja respecto de los hombres, erigiéndose en una forma de discriminación directa y en una barrera que les impide acceder al trabajo en condiciones de igualdad.

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Sentencias judiciales que afectan la vida diaria

Por Ricardo Ávila Palacios