El juez 74 de control de garantías negó la petición de la Fiscalía General con la que buscaba que se enviara nuevamente a un centro carcelario a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce. (Lea: La «mansión por cárcel» de Silvia Gette)
En su determinación el funcionario judicial consideró que Gette Ponce es madre cabeza de familia, hecho por el cual deberá continuar recluida en su casa en la ciudad de Barranquilla. Reconoció además que existe otra medida en su contra. (Lea: “Cada uno vive en la casa que puede”: Silvia Gette sobre su prisión domiciliaria)
Gette Ponce enfrenta un proceso penal por el delito de abuso de confianza agravado por presuntamente autorizar varios préstamos cuando ejercía como rectora del centro universitario. Este dinero fue consignado en sus cuentas personales. (Lea: Fiscalía acusó formalmente a Silvia Gette por «autopréstamo» de $1.300 millones)
Según la investigación de la Fiscalía General entre los años 2008 y 2012 la entonces rectora avaló el pago de 14 préstamos que fueron utilizados para el pago de deudas personales. Mediante la firma de otros documentos se le quiso dar apariencia de legalidad a estas acciones, que finalmente afectaron las finanzas de la Universidad Autónoma.
El ente investigador estableció que este dinero fue utilizado para el pago de su impuesto predial, de su cuota del club Caujaral de Barranquilla. Además para cancelarle los honorarios de sus abogados, por un monto cercano a los $444 millones y para la compra, por $359 millones, de unas acciones del Hospital Universitario.
El abogado Daniel Largacha, quien defiende los intereses de la Universidad Autónoma del Caribe, aseguró que en la diligencia celebrada este lunes se puso de presente las presiones y amenazas que se habrían presentado contra los testigos de la Fiscalía lo que afectaría el curso del proceso.
En este sentido aseguró que la exrectora universitaria estaría buscando afectar el proceso penal por el denominado «autopréstamo de un millón de dólares». El jurista puso de presentó el testimonio de una trabajadora de la Universidad que funge como testigo de la Fiscalía General.
«Fue visitada un día domingo por la tarde por una persona que manifestó ser enviada por la señora Silvia Gette que le manifestó que necesitaba unos documentos porque ella iba a ir a declarar y que se pusieran de su acuerdo. Ante su negativa le dijo que «si no respondían, responderían sus padres».
Gette Ponce se encuentra en su casa en la capital del Altántico pagando una condena de seis años y cinco meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal.
Esto por enviarle con un emisario 250 millones de pesos al excomandante paramilitar Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio‘ para que cambiara su versión en la investigación por la muerte del ganadero Fernando Cepeda en septiembre de 2003.