La Fiscalía General le imputó el delito de hurto agravado a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce por el presunto “autopréstamo” que habría avalado entre los años 2008 y 2012. Dicho dinero, según la investigación, fue utilizado para gastos personales.
La entonces rectora universitaria autorizó el pago de dichos préstamos, cercanos a los 2.400 millones de pesos, para recibirlos ella misma. Mediante la firma de otros documentos se le quiso dar apariencia de legalidad a estas acciones, que finalmente afectaron las finanzas de la Universidad Autónoma.
El fiscal del caso indicó que este dinero fue utilizado para el pago de su impuesto predial, de su cuota del club Caujaral de Barranquilla. Además para cancelarle los honorarios de sus abogados, por un monto cercano a los $444 millones y para la compra, por $359 millones, de unas acciones del Hospital Universitario.
Uno de los hechos que más llamó la atención de los investigadores fue el acta de compromiso para el reintegro de dichos dineros y el pago de intereses que cancelaría. Al revisar el acta se pudo determinar que los plazos eran más amplios que los normales y los impuestos casi nulos.
“Estas operaciones nunca tuvieron objeto lícito, en cuanto se encontraban prohibidas por el mismo estatuto de la Universidad; por consiguiente, debe entenderse que la señora Gette se apoderó de los recursos de la institución a través de préstamos ilegales, para pagar acreencias propias, aprovechándose del grado de confianza derivado de su calidad de rectora”, señala la investigación.
Para la Fiscalía con su actuar se afectaron las finanzas del centro educativo, puestos que sus recursos fueron destruidos como utilidades, además dicha suma de dinero fue utilizada un bien personal y no el común como lo establecen los estatutos de la Universidad «afectando el patrimonio económico de la institución y los estudiante».
El fiscal del caso aseguró que Gette Ponce «abusó» de sus facultades «logrando que sus obligaciones tributarias fueran pagadas con dineros de la Universidad». Por estos hechos se expone a una pena cercana a los 10 años de prisión.
La procesada no aceptó su responsabilidad en los hechos materia de investigación. Debido a la gravedad del delito la Fiscalía General le solicitará a un juez de garantías que la cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario.
El pasado lunes Gette Ponce fue condenada a seis años y cinco meses de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal. Actualmente enfrenta otro proceso penal por presuntamente ordenar el crimen del ganadero Fernando Cepeda Vargas en septiembre de 2003.
Desde hace tres años se encuentra privada de su libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.